Alfredo Partuzo y Agustín Troncoso renunciaron a la defensa del exintendente de Las Heras y su esposa. A Daniel Orozco le queda el patrocinio de un enviado de Fernando Burlando, no así a Janina Ortiz.
Renunciaron los abogados mendocinos de Daniel Orozco y Janina Ortiz
El exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se quedaron sin los abogados defensores mendocinos que los representaban en las causas "cooperativa fantasma" y "coacción", tras la renuncia de Alfredo Partuzo y Agustín Troncoso.
A partir de las renuncias de estos abogados, la Fiscalía citó a Orozco y Ortiz este martes 1 de abril para notificarlos y pedirles que designen nuevos defensores. En el caso de Ortiz, a esta hora está sin abogado, mientras que Orozco cuenta con la defensa de Javier Baños, el "representante" de Fernando Burlando.
De esto surge un dato llamativo: Baños aceptó defender a Orozco pero no a su esposa. Y vale recordar que, hasta ahora, Burlando no asumió formalmente la defensa de ninguno de ellos; habrá que aguardar a este martes para ver si finalmente los imputados lo suman como abogado defensor.
La renuncia de los abogados de Orozco y Ortiz se da tras la confirmación de la imputación del exintendente en la causa "cooperativa fantasma", ya que un tribunal de apelaciones rechazó el último recursos y el sobreseimiento, y del pedido de elevación a juicio del fiscal Juan Ticheli contra la exsecretaria de Gobierno en la causa coacción.
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Por otra parte, la fiscalía autorizó a Daniel Orozco a viajar en los próximos días a provincia de Buenos Aires, destino habitual desde que el dirigente de La Unión Mendocina está imputado y debe pedir permiso para salir de Mendoza.
La causa "cooperativa fantasma"
Esta causa judicial se nutrió de una investigación del Post (ver aparte) sobre cómo la Municipalidad de Las Heras, bajo la gestión de Orozco y Ortiz, usó cooperativas que no registraban movimientos para contratar servicio de limpieza durante la pandemia (y después también), por el que pagaban suculentas sumas de dinero sin que exista una contraprestación.
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de esas cooperativas mencionadas en el informe del Post: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales.
Orozco, Ortiz y Oyhenart fueron imputados por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra", expedientes que la exsecretaria de Gobierno negó haber firmado, lo que fue derrumbado por las pericias caligráficas.
En la misma causa, fueron imputados como "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
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A otros exfuncionarios de Orozco se los imputó por "peculado culposo": Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
La causa coacción
El fiscal consideró que hay pruebas suficientes para sostener que Ortiz obligó a una empleada municipal, a través de otra agente, a mantener relaciones sexuales con el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, para que lo hiciera hablar y grabara la conversación. Todo esto bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas mujeres perderían su trabajo en la Municipalidad de Las Heras.
En tanto, Patricia Rivero y Carolina Murúa, madre e hija que trabajaban para Ortiz, habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales habrían retenido. Y en una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del material.
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Del expediente surge que Ortiz quería grabar a Oyhenart porque pensaba que era parte de un complot en su contra. Por eso presionó a dos empleadas, bajo la amenaza de perder la fuente laboral, para que una de ellas se encontrara con el funcionario en un telo y lo "haga hablar" de ese presunto complot.
En este expediente, el P-63.716/23, Ortiz está imputada por amenazas coactivas, un delito que prevé una condena de 2 a 4 años de prisión; en este punto, en caso de ser encontrada culpable, la exfuncionaria de Las Heras podría ir a la cárcel ya que la eventual sentencia podría superar los 3 años y esto implicaría prisión efectiva.
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