Los cambios en la Justicia que impulsará el Gobierno nacional

El Ejecutivo nacional trabaja en una reforma del Código Civil y Comercial que enviaría al Congreso durante las sesiones ordinarias. El objetivo central es avanzar en la desregulación del marco jurídico comercial, reduciendo la intervención estatal en los contratos entre privados y reforzando la figura de la propiedad privada.

Según publicó TN, los cambios se centran en los títulos II y IV del libro tercero del Código, que regulan las contrataciones en general y en particular. La propuesta del oficialismo busca ampliar la libertad contractual, fomentando que las partes puedan establecer sus propios términos sin la intermediación del Estado.

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En paralelo, el Gobierno también impulsa mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar judicializaciones. La mediación y el arbitraje serán promovidos como vías preferentes para resolver disputas, agilizando los procesos y reduciendo la carga sobre el sistema judicial. "La base de la reforma es que los privados puedan acordar lo que quieran sin la intermediación del Estado", aseguran fuentes oficiales.

Otro de los ejes de la reforma apunta a reducir los trámites y plazos en procesos de sucesión y divorcio. Los detalles del proyecto están siendo trabajados por el equipo de abogados de la Secretaría de Planeamiento Estratégico, a cargo de María Ibarzabal.

En paralelo, el Gobierno ya viene trabajando en modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) desde mediados de 2024, con la intención de flexibilizar las relaciones laborales e incentivar la formalidad. Este punto forma parte de los compromisos asumidos por el presidente en el Pacto de Mayo.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo priorizará la desregulación del régimen laboral antes de avanzar con una reforma previsional. Dentro de esta última, se analiza la posibilidad de reinstaurar un sistema jubilatorio privado, similar al de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que fueron eliminadas en 2008. "Si no tenemos un nuevo universo de aportantes, no tiene sentido que reestructuremos el sistema", sostienen en Balcarce 50.

Reforma del Código Penal y endurecimiento de penas

Además de los cambios en el Código Civil y Comercial, el Gobierno trabaja en una reforma integral del Código Penal que planea enviar al Congreso durante el primer cuatrimestre de 2025. Entre las principales modificaciones, se propone elevar las penas y ampliar la aplicación de la cadena perpetua.

"El problema es que sin un código punitivo fuerte, cualquiera roba y sabe que no tiene una consecuencia real", argumentan desde el oficialismo. En este marco, también se estudian cambios en el sistema penitenciario, con la incorporación de participación privada en la gestión de cárceles.

Otro punto polémico es la modificación de la figura de femicidio, introducida en 2012 con la Ley 26.791. La revisión de este artículo está siendo trabajada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, aunque aún no trascendieron detalles sobre el alcance de los cambios propuestos.

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