El oficialismo buscará los votos en los interbloques más pequeños, en especial el que conduce Eduardo "Bali" Bucca y el que lidera el mendocino José Luis Ramón.
El papel de Ramón en la Reforma del Ministerio Público Fiscal
El oficialismo promueve el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal y la oposición ya expresó su disconformidad. Mañana se tratará en comisión pero cuando llegue al recinto de la Cámara de Diputados, el Gobierno tendrá que negociar para poder sumar voluntades.
Por lo tanto, buscará los votos en los interbloques más pequeños, señala Infobae. En especial dos espacios legislativos. El que conduce Eduardo "Bali" Bucca y el que lidera el mendocino José Luis Ramón. El primero tiene 11 legisladores y el segundo 6. Ambos bloques suelen negociar con el oficialismo.
El Frente de Todos primero necesita reunir 129 legisladores para lograr quórum y poder empezar la sesión. Después tendrá que encontrar las manos que logren la mayoría simple. El oficialismo espera contar con el apoyo de la Izquierda.
Ver: Advertencia y rechazo de JxC a la reforma del Ministerio Público Fiscal
Entre los dirigentes que podrían acompañar el proyecto de ley del Gobierno están Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Andrés Zottos (PJ/ Salta), Eduardo "Bali" Bucca (PJ/ Buenos Aires), José Luis Ramón (Mendoza), Ricardo Welbach (Misiones), Flavia Morales (Misiones), Diego Horacio Sartori (Misiones), Luis Di Giacomo (Río Negro), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Felipe Álvarez (La Rioja) y Antonio Carambia (Santa Cruz).
Del interbloque que conduce Bucca hay legisladores que todavía no definieron su postura. Entre ellos, los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, peronista pero no kirchnerista. Se trata de Paulo Cassineiro, Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez y Claudia Márquez. También el socialista Luis Contigiani y los legisladores que responden a Roberto Lavagna, Alejandro "Topo" Rodríguez y Jorge Sarghini. Además, en ese grupo de indecisos también aparece la diputada tucumana Beatriz Ávila.
La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que rige actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.
Ver: Reforma constitucional: el oficialismo es el gran perdedor en Chile
También otorga a la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso -actualmente con mayoría oficialista- la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.
El proyecto modifica además la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos. Fuente: Infobae
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