Media docena de constitucionalistas dijeron que el accionar de la policía fue correcto.
Constitucionalistas criticaron el fallo que dejó libre al puntero "Chocolate"
Un grupo de destacados constitucionalistas argentinos expresó su indignación ante la anulación de una causa contra Julio Segundo Rigau, conocido como "Chocolate", un influyente puntero del Partido Justicialista (PJ) de la Legislatura bonaerense. La causa se relacionaba con la detención de Rigau, quien fue sorprendido sacando dinero de un cajero automático con más de 49 tarjetas de débito supuestamente pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense y que tenía en su posesión más de un millón de pesos en efectivo.
La sentencia generó una oleada de críticas por parte de expertos en derecho constitucional, quienes argumentan que la decisión es "aberrante" y que podría estar motivada políticamente. A su vez, se plantea la posibilidad de iniciar un juicio político contra los jueces de la mayoría de la Cámara de La Plata que emitieron este fallo.
El constitucionalista Félix Lonigro explicó que, en el caso de Rigau, se consideró que la policía se excedió al detenerlo y requisarlo sin una orden judicial, basándose en la flagrancia del delito. "Había elementos sobrados para pensar que podría estar cometiéndose un delito, y por eso intervino la policía. La detención sin orden judicial se justificaba porque de alguna manera se lo encontró in fraganti en el cajero automático con muchas tarjetas, incluso después de una denuncia previa", argumentó Lonigro.
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Juan Vicente Sola, especialista desde la Universidad de Columbia, calificó la decisión como "casi insólita" y señaló que había una clara flagrancia del delito. Sola subrayó la gravedad institucional del fallo, ya que mina la confianza de la población en el sistema de justicia.
Andrés Gil Domínguez cuestionó el voto de la mayoría por su falta de argumentación sólida y su discrepancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Destacó que en este caso se trataba de un delito en flagrancia y que la actuación policial estaba justificada por las denuncias previas.
El constitucionalista Antoni María Hernández expresó su asombro ante la sentencia y respaldó el voto en minoría del juez Fernando Mateos, que hizo hincapié en los tratados internacionales de lucha contra la corrupción que Argentina ha suscrito. Hernández enfatizó que los jueces de la mayoría podrían ser denunciados por su papel en esta situación.
Daniel Sabsay tachó el fallo de "aberrante" y acusó a los jueces de ponerse del lado del delincuente en lugar de proteger a la sociedad. Argumentó que la cantidad de tarjetas de débito y el dinero en efectivo encontrados en posesión de Rigau eran razones suficientes para que la policía actuara.
Juan María del Sel, presidente de la Comisión de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, destacó que las requisas personales pueden llevarse a cabo en casos de urgencia y sospecha fundamentada, como en este caso. Subrayó que la actuación de la policía estuvo respaldada por denuncias previas y elementos sospechosos evidentes.
El fallo, que dejó atónitos a muchos, plantea cuestiones fundamentales sobre el ejercicio de la justicia en Argentina y reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. La controversia continúa mientras se espera la posible revisión del caso por parte de la Cámara de Casación.
Fuente: La Nación
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