Una senadora nacional presentó un proyecto de ley para que funcionarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se sometan a controles como los que se usan en el mundo del deporte.
Antidoping en la política: el proyecto para controlar a los tres poderes
La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio presentó un proyecto de ley de Coherencia de los funcionarios públicos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, que ordena un examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado.
La iniciativa establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria.
"La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia", afirmó Di Tullio en un comunicado de prensa.
La iniciativa está encabezada por el presidente del bloque Frente Nacional y Popular, el senador José Mayans; y además de Di Tullio, lleva las firmas de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el senador Oscar Parrilli.
Juliana Di Tullio presentó el proyecto.
El proyecto contempla que el control estaría a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y alcanzaría a los tres poderes del Estado.
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Del Poder Ejecutivo la aplicación de la norma abarcaría desde el presidente y vice a ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado; del Poder Legislativo a todos los legisladores y funcionarios hasta prosecretarios; y del Poder Judicial a los magistrados en todos sus niveles y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
El proyecto prevé que, ante la detección de la presencia de una droga ilegal, la autoridad de aplicación establecerá conjuntamente con la máxima autoridad de cada uno de los poderes el proceso de suspensión o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso.
Los controles serían aleatorios y se realizarían, al menos, una vez al año.
"Este proyecto es un compromiso de coherencia para decirle basta a la hipocresía. Los funcionarios no pueden legislar penas más duras o hacer persecución de consumo, tenencia o narcomenudeo a los mismos que les compran", afirmó Di Tullio en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
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La senadora sostuvo que "no podés ser juez o fiscal consumidor mientras estás juzgando alguno de los delitos que comprenden el narcotráfico". "Mientras sos funcionario o funcionaria pública, no consumas", enfatizó.
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