La actual mesa directiva será imputada porque, según el fiscal, también falsificaron el balance 2023. No podrán salir del país sin pedir permiso a la Justicia.
Nueva imputación contra directivos de Fecovita
El fiscal de Delitos Económicos Juan Tichelli consideró que hay pruebas suficientes para ampliar las acusaciones por balances falsos contra directivos de Fecovita, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria el lunes y automáticamente quedarán imputados, esta vez, por falsedad parcial del balance 2023 (ya están imputados por los balances 2021 y 2022).
Fuentes judiciales indicaron que el lunes, cuando se presenten en la fiscalía, les notificarán la imputación por balance falso 2023 en calidad de "autores" a Rubén Panella (presidente de Fecovita) y los tres síndicos: Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda de Vaieretti (expresidenta de Coviar). En tanto, serán imputados como "partícipes necesarios" el secretario de Fecovita Marcelo Federici y el tesorero Gustavo Aranguena.
Todos estos ya están imputados por haber presuntamente falsificado los balances 2021 y 2022, al igual que exdirectivos, como Eduardo Sancho.
La nueva imputación por el ejercicio 2023 surgió a partir de una ampliación de denuncia de los antiguos socios de Fecovita, los españoles de Iberte, con quienes habían conformado una sociedad para exportar mosto y vino: EVISA.
La aprobación del balance 2023 tuvo lugar en la asamblea que Fecovita realizó el 30 de abril pasado. Allí, los integrantes de la federación ratificaron la continuidad del presidente Panella, imputado por balances falsos 2021 y 2022, y avalaron la rendición de cuentas del año pasado, en la que Fecovita también eliminó de los pasivos la deuda con los socios españoles por incumplimiento de los pagos previstos en el acuerdo de disolución de la sociedad, firmado el 13 de octubre de 2022.
La novedad es que para el ejercicio 2023 Fecovita justificó la eliminación de esa deuda de los pasivos afirmando que habían pagado parcialmente el acuerdo del 13 de octubre de 2022 a través de 15 cheques de idéntico valor: $125.200.000 cada uno, haciendo un total de $1.878 millones. Esto les permitía considerar que es una "deuda litigiosa" y, de esta manera, tener argumentos para eliminarla de los balances.
Ver más: Por qué el presidente de Fecovita podría derribar su propia "coartada"
Ante esto, los abogados de Iberte, los mendocinos Santiago Pontis Day y Carlos Aguinaga, plantearon que en realidad esos 15 cheques bajo ningún concepto fueron entregados para cancelar la deuda que se había generado por la disolución de Evisa, la sociedad que confirmaban Fecovita e Iberte. Por el contrario, indicaron que ese pago de casi $2.000 millones "correspondía al contrato de suministro celebrado el 23 de junio de 2022, donde se establecieron cantidades de producto de vino y mosto o la posibilidad de reemplazar la entrega por el equivalente en dinero, y no tenía nada que ver con los acordado el 13 de octubre de 2022".
Esta visión fue compartida por la Fiscalía y, por lo tanto, procedió a citar a los directivos de Fecovita para el lunes a partir de las 8.30 y notificarles de la nueva imputación y la prohibición de salida del país, que es una condición para mantener la libertad durante el proceso.
Iberte: "Que los imputados paguen con su patrimonio y libertad"
"El 2023 es el balance más falso de todos. Que los imputados paguen con su patrimonio y libertad, no queremos afectar a los productores. Si nos podemos sentar con alguien razonable, estamos dispuestos a dar un plazo por lo que debe Fecovita", indicó al Post Carlos Aguinaga, abogado de Iberte, tras conocerse la novedad.
Sobre la causa general, reiteró: "Fuimos estafados, se pagó por anticipado 32 millones de dólares para comprar vino y mosto que nunca se nos entregó. ¿Dónde está la plata? Entonces, hay una defraudación a los productores también. ¿Quién va a pagar la deuda?".
"Acá lo que buscamos es una condena penal y que los directivos de Fecovita queden detenidos. Ese es el objetivo. Hasta ahora, los pasos que vamos dando son muy sólidos y ya hemos logrado que estén presos en la Argentina, porque en definitiva, si no podés salir del país, es que estás preso en el país", remarcó Aguinaga.
Para mantener la libertad, los imputados deberán cumplir estas condiciones:
1) Prestar caución juratoria.
2) Fijar y mantener un domicilio.
3) Permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen.
4) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.
5) Prohibición de ausentarse del territorio nacional (salida del país) sin autorización judicial, debiendo informar a la UFI interviniente el motivo de la ausencia, el lugar de destino y las fechas de egreso y regreso.