Un proyecto de decreto quiere desregular las prestaciones y motivó la bronca del sector. Hubo protestas en once ciudades de todo el país, incluyendo a Mendoza.
Reclamo de prestadores por discapacidad en la Legislatura
Las organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad se reunieron este miércoles frente a la Legislatura de Mendoza para protestar por la inminente desregulación de las prestaciones. El reclamo fue masivo, con presencia de profesionales de la salud, organizaciones del sector y educadores especiales.
Un borrador de decreto nacional filtrado en los últimos días revela la intención del Gobierno nacional de liberar los precios de los servicios de salud, educación y transporte a los que acceden las personas con discapacidad. En la actualidad estos están regulados por la Ley 24.901, de 1997, que sería modificada por el decreto en cuestión.
Asistentes a la protesta frente a la Legislatura.
Guadalupe Gómez Centurión dirige el centro Ruca Cahuin en Luján y estuvo este miércoles en la Legislatura. En esa institución se dedican a la estimulación, cuidado, atención y desarrollo de actividades para personas con discapacidad. La mujer contó al Post que existe un nomenclador a nivel nacional que está regulado por la Ley 24901, y que le da un valor universal a las distintas prestaciones, que las obras sociales y demás empresas que brindan servicios están obligadas a respetar.
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En este sentido, las organizaciones denuncian que el gobierno de Javier Milei quiere diferenciar el nomenclador y así abrir la puerta a que las compañías fijen de forma arbitraria los pagos a los prestadores por atender a personas con discapacidad. Estos aranceles hoy en día son prestablecidos y actualizados periódicamente por la autoridad regulatoria. Esto haría "retroceder 25 años en las prestaciones", sostuvo la mujer a este medio.
El reclamo del sector se replicó en otras 10 grandes ciudades del país. En Mendoza culminó al mediodía, con la entrega de un petitorio a los legisladores mendocinos para que tomen cartas en el asunto.
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El proyecto de decreto filtrado