Desde la demanda de Lafalla contra el DNU de Menem, pasando por el acuerdo Kirchner-Cobos y la corrección de Cornejo, hasta el laudo "de palabra" de Alberto y la responsabilidad de Suarez para utilizar eficazmente el dinero.
La historia de los US$ 1.023 millones que no serán para Portezuelo del Viento
En Mendoza ya hay 422 millones de dólares en "letras intransferibles" en el fideicomiso que guarda los fondos del resarcimiento por los perjuicios que provocó el régimen de promoción industrial en los '90. Es una deuda de la Nación con nuestra provincia que asciende a 1023 millones de la moneda estadounidense. La última trasferencia de 50 millones de dólares se realizó hace una semana, el jueves 28 de abril. Es la cuota 11 de un plan de desembolsos trimestrales programado hasta octubre de 2024.
El destino de esos fondos están definidos para realizar el proyecto de la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento (PdV) pensado en territorio malargüino sobre el río Grande (afluente del interprovincial río Colorado). Ahora este plan está caído virtualmente porque presidente Alberto Fernández avala las objeciones que las provincias de la cuenca del río Colorado sostienen contra la obra mendocina.
La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Buenos Aires exigen un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de toda la cuenca y Mendoza resiste este pedido por lo cual Fernández que tiene que arbitrar y ya laudó "de palabra" estando en La Pampa cuando le dio la razón al reclamo.
PdV: empresarios del Sur criticaron a Alberto Fernández
Alberto manosanta
Alegría peronista en La Pampa, Alberto dijo lo que querían oir.
La instancia abierta por el jefe de la Casa Rosada de modo verbal generó una catálisis política en Mendoza porque significa que un nuevo EIA representa una dilación del proceso de Portezuelo y se advierte que La Pampa volverá a obstruir el camino en el futuro con más observaciones. Es decir el destino de PdV está marcado: no se hará.
Con esta nueva realidad, conviene repasar por qué y cómo llegamos a receptar una fortuna que difícilmente podamos volver tener como Provincia, con la oportunidad que representa invertir en el desarrollo económico de la población mendocina.
Necesario retrovisor
Cotidianamente aún se entiende que la Nación le está regalando una obra a Mendoza. O peor, que es un préstamo, o que no recibiremos los 1023 millones de dólares sino se hace la obra.
Por un acuerdo extra judicial que en agosto de 2006 sellaron Néstor Kirchner y Julio Cobos presidente y gobernador, respectivamente en ese entonces, esos fondos tienen un destino que es el financiamiento del proyecto hidroeléctrico . Con el tiempo ese convenio a tenido correcciones de montos y objeto.
Cornejo y Macri enmendaron el acuerdo para disponer de los fondos para "otras obras".
La última enmienda fue en el 2019 cuando se sumó como opción de inversión además de PdV "u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de generación hidroeléctrica provincial". Fue oportuna esa corrección que firmaron Mauricio Macri y Alfredo Cornejo.
La historia se remonta en 1998 cuando gobernaba el peronista Arturo Lafalla y se concretó la demanda por inconstitucionalidad contra el decreto de necesidad y urgencia del entonces presidente Carlos Menem con el que extendió los beneficios de la promoción industrial en las provincias circundantes a Mendoza. Veamos.
Ayer, miércoles 4, consultado por el POST, Lafalla recordó que fue un trabajo jurídico de la Asesoría de Gobierno de la Provincia liderado por César Mosso Giannini y que se sumaron abogados que no pertenecían al staff estatal como el ex fiscal de Estado Efraín Quevedo Mendoza y los abogados radicales Fernando Armagnague y Alberto Montbrún, además de los especialistas Silvia Benítez, Juan Antonio Zapata, Víctor Michitte, Carlos Chacón y Mariano Viera.
Detalle del libro "Utopía y realidad" de Arturo Lafalla.
Desde ahí salió la demanda contra el DNU de Menen. El riojano cometió un error al adoptar un modo irregular para concretar la decisión de beneficiar a las provincias vecinas. Tendría que haber participado al Congreso de la Nación para que, por ley se realizara el programa de promoción económica ya que la Constitución Nacional establece que no se puede ordenar por decreto una política tributaria.
La prehistoria
El dato "prehistórico" se encuentra en épocas de la dictadura cívico militar. En 1980 se emitió el decreto-ley dando nacimiento al régimen de la promoción industrial pero que nunca se aplicó por la resistencia del área de Hacienda del mismo gobierno dictatorial.
Ya con la incipiente era democrática, con Raúl Alfonsín como presidente constitucional, recuerdan los memoriosos que el sistema se activó con un ardid de los entonces gobernadores, Menem de La Rioja y Alberto Rodríguez Saá de San Luis, que lograron manejar con decretos provinciales la adjudicación de exenciones de tributos nacionales en sus respectivas provincias. "Dos vivos se aprovecharon de un ingenuo", dicen sonriendo testigos de ese tratamiento político e impositivo.
Momento central en la Historia Argentina, Alfonsín le pasa el mando a Menem.
Cuando Menem llegó a la presidencia intentó prolongar e institucionalizar la promoción industrial. Por eso la base del monto del resarcimiento calculado desde la Casa de Gobierno fue por la recaudación no cobrada de IVA mientras se mantuvo el régimen habilitado por el decreto menemista.
Había otro cálculo que resultaba una cifra más cuantiosa realizado por el Consejo Empresario de Mendoza (CEM) y se basaba en el perjuicio económico que representaba la migración de las empresas a las provincias promocionadas o que directamente elegían radicarse en esos territorios antes que en la plaza mendocina. Finalmente este estudio sirvió como aporte a la argumentación de la demanda pero no fue verificable la estimación económica propuesta por los empresarios, de acuerdo al relato de los protagonistas de este hecho judicial.
Los acuerdos
Kirchner y Cobos, acuerdistas que dieron origen al proyecto PDV.
El sucesor de Lafalla, el radical Roberto Iglesias se encontró con el fallo de Corte nacional a favor de Mendoza y el cálculo inicial fue de 600 millones de dólares. Cuenta el heredero de Iglesias, el actual diputado nacional Julio Cobos, que siendo gobernador el 29 de agosto de 2006 logró cerrar el convenio con Néstor Kirchner porque el Estado nacional debería afrontar ese resarcimiento inevitablemente. Entonces, por acuerdo extrajudicial decidieron ponerle un destino esos fondos que fue a la obra "Presa y Central Portezuelo del Viento", para evitar alguna posibilidad de despilfarro estatal o que semejante fortuna se diluyera en gastos corrientes. Así nació el convenio que luego en 2016 se llamó "Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento".
"Lafalla inició es esta demanda y tenía un monto determinado porque es cuantificable (el IVA no recaudado). Cuando Iglesias obtiene el fallo eran 600 millones de dólares. Lo que luego ese acordó (con Kirchner) es que era ajustable al valor de obra, lo actualizamos y fueron 1005 millones de dólares (y tuvo otra actualización en 2019)", resumió Cobos al POST.
Suarez en presente
El gobernador piensa cómo invertirá los 1023 millones de dólares.
El gobernador actual, Rodolfo Suarez mencionó que el destino de los 1023 millones de dólares será sometido a "una mesa de trabajo" que involucre a todos los organismos relacionados con el agua, la productividad y la energía para evaluar proyectos que busquen también la generación de mano de obra. Dijo que es "una enorme irresponsabilidad" poner en duda qué se hará con esos fondos, ya que se encuentran en un fideicomiso gracias a una "ley que fue aprobada por la Legislatura".
El mandatario provincial mencionó al proyecto hidroeléctrico El Baqueano sobre el río Diamante como una posibilidad cierta de inversión estimada en 500 millones de dólares.
"Debemos pensar en obras que generen empleos que nos hagan crecer. Les aseguro que somos una generación que estamos destinados a cambiar la matriz de Mendoza para las generaciones futuras", concluyó con tono épico.
