Quieren que se recuerde la fecha de la sanción de aquella ley como el "Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza".
Polémico proyecto de 3 diputados mendocinos contra la Ley 7722
Tres diputados de distintos partidos presentaron un proyecto de ley contra la 7722. Si bien no plantean la derogación de la normativa que regula la minería metalífera en la provincia, sí pretenden denostarla, estableciendo la fecha de su sanción, el 20 de junio, como el "Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza".
Los autores de la iniciativa son Gustavo Cairo, quien recientemente conformó en Mendoza el bloque de La Libertad Avanza; Guillermo Mosso, del PRO que permanece en Cambia Mendoza; y Jimena Cogo, la malargüina que Omar De Marchi sumó a La Unión Mendocina. Los tres mantienen una postura abiertamente pro minera, aunque la legisladora del sur recientemente votó en contra del nuevo Código de Procedimientos Mineros.
Dice el artículo 1 del proyecto de ley: "Nomínase al día 20 de junio como 'Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza', en conmemoración a la sanción de la infausta ley 7722, que impide desarrollar el potencial minero metalífero de Mendoza, fomentando la pobreza de su población".
Cairo, Civit Evans (no tiene relación con el polémico proyecto), Mosso y Cogo.
Y entre los argumentos, establecen: "El propósito de este proyecto de ley es llamar la atención de nuestra dirigencia y de nuestra población en general, respecto del impacto profundamente negativo que tuvo para la economía y el desarrollo de nuestra provincia, la sanción de la ley 7722, el 20 de junio del año 2007".
Asimismo, los legisladores de diferentes partidos que firmaron el proyecto respaldaron las gestiones del gobierno de Alfredo Cornejo para impulsar el desarrollo minero: "El actual gobierno provincial está haciendo esfuerzos por posicionar a Mendoza en el radar de los inversores". E insistieron: "Pero mientras tengamos este 'ancla empobrecedora', se va a seguir retrasando el proceso de desarrollo de la actividad minera metalífera".
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El proyecto completo:
El propósito de este proyecto de ley es llamar la atención de nuestra dirigencia y de nuestra población en general, respecto del impacto profundamente negativo que tuvo para la economía y el desarrollo de nuestra provincia, la sanción de la ley n° 7722, el 20 de Junio del año 2007, publicada el 22 de Junio de 2007.
Hasta ese momento, Mendoza estaba incipientemente siendo receptora de numerosas empresas de servicios mineros y a empresas interesadas en la prospección geológica, que veían en nuestra provincia el centro natural del desarrollo minero argentino. Esto, no sólo por su potencial geológico, sino también por su conectividad y condiciones de vida.
A partir de la sanción de esta ley, la actividad minera metalífera se paralizó completamente en Mendoza. No ha entrado ni un solo dólar de inversión en exploración minera desde entonces y por supuesto, tampoco no contamos con ninguna mina en producción.
En el mismo período, los inversores han preferido lugares que ofrecen seguridad jurídica a los emprendimientos mineros. Sin ir más lejos, San Juan en estos años ha recibido inversiones en varias minas de oro y cobre, como Veladero, Gualcamayo, Casposo y tiene próximos a empezar José María, Pachón, Altar, Los Azules y Filo del Sol, entre otros proyectos de minería metalífera. Sólo el proyecto José María, próximo a empezar su etapa de producción, prevé inversiones por U$S 1.200 millones al año para su desarrollo. Sumados los otros proyectos mencionados, la vecina provincia estima exportar unos $ 130 mil millones de dólares durante los próximos 30 años, generando más de 20 mil empleos directos adicionales.
El actual gobierno provincial está haciendo esfuerzos por posicionar a Mendoza en el radar de los inversores, pero mientras tengamos esta "ancla empobrecedora", se va a seguir retrasando el proceso de desarrollo de la actividad minera metalífera.
Por ello, la primera decisión que tiene que tomar la sociedad mendocina es si quiere o no desarrollar su enorme potencial geológico y aprovechar esta fuente de empleos privados y recursos para las arcas estatales.
Lo que no podemos es seguir repitiendo la hipocresía de decir que tenemos una norma que "permite" la minería, cuando en realidad virtualmente "la prohíbe", como acabadamente lo demuestra fácticamente el nulo arribo de inversiones o interés en esta actividad.
Esta ley, al prohibir el uso de ácido sulfúrico, que se usa en todo el mundo para producir cobre y uranio, complica mucho la actividad. Se puede producir cobre sin usar esta sustancia, pero generando un gran desperdicio de mineral, que desalienta las inversiones. Lo curioso es que el ácido sulfúrico se prohíbe para la minería pero no para otras actividades que lo usan.
En Mendoza se usa mucho en fertilizantes, refinación del petróleo, tratamiento del acero, extracción de metales no ferrosos, manufactura de detergentes, plásticos, como electrolito en las baterías. Es decir, es ridículo prohibir una sustancia sólo para una actividad y no para las demás. Sobre todo, cuando no hay evidencia internacional de que su uso haya producido contaminación ambiental y mucho menos, daño a las personas.
El otro gran problema, quizás el mayor de esta ley 7722, es que la DIA, Declaración de Impacto Ambiental, luego de ser evaluada profundamente en varias instancias técnicas, requiere que cada proyecto pase en todas sus etapas por la Legislatura provincial para su aprobación. Lamentablemente en esa instancia, no son criterios ambientales los que prevalecen, si no mezquinos intereses político- partidarios. El rédito electoral se ha privilegiado por sobre el interés general de los mendocinos.
Se ha atemorizado a la población y se han difundidos consignas vacuas y marquetineras. Una de ellas, "el agua de Mendoza no se negocia", Basta ver la góndola de agua mineral de cualquier supermercado para comprobar si se verifica en la realidad la consigna. La otra favorita, "el agua vale más que el oro", no resiste ningún análisis económico, salvo que estemos sobre un camello andando por el desierto, lógicamente.
La minería metalífera ha sido la base del desarrollo de países como Canadá, Australia y Chile. Es una actividad industrial más que genera trabajo a gastronómicos, albañiles, mecánicos, enfermeros, capataces, técnicos de higiene y seguridad, etc. No es solo una actividad económica para geólogos y mineros. En San Juan hay más de 750 empresas que prestan servicios a las mineras y cerca de 10 mil personas trabajando en forma directa en los emprendimientos, con altos sueldos en blanco. Además, genera empleo secundario en el comercio, al aumentar la actividad económica del lugar.
Siendo que ese 20 de Junio de 2007 se tiró virtualmente un "ancla" a la economía de Mendoza, que la mantiene inmovilizada y subdesarrollada, es que consideramos conveniente llamar la atención de esta manera disruptiva sobre este tema, quizás el mayor problema institucional que tiene nuestra provincia desde el punto de vista económico.
PROYECTO DE LEY
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Y EL H. SENADO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
Art. 1) "Nomínase al día 20 de Junio como de 2007 como "Día del Ancla Empobrecedora de Mendoza", en conmemoración a la sanción de la infausta ley 7722, que impide desarrollar el potencial minero metalífero de Mendoza, fomentando la pobreza de su población".
Art. 2) De forma.
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