¿Qué está pidiendo la rebelión de padres y madres?

La foto que ilustra esta nota nos llegó a través de un papá del Colegio Murialdo. Una de las instituciones confesionales más tradicionales de Mendoza. Venía acompañada de la leyenda "30 % de adhesión de docentes, 100 % de ausencia de alumnos". Nadie puede oponerse a que los docentes ganen más, a que tengan salarios por encima de la canasta que delimita la pobreza, a que cuenten con instalaciones dignas, aulas decentes, capacitación suficiente, y un sueldo que les permita vivir bien. Todos estamos a favor de los maestros. Es así desde que en 1972 esta provincia estalló en un Mendozazo de indignación, por la represión a los maestros y maestras. Casi nadie en Mendoza dice que los docentes no tienen razón en su reclamo. Sin embargo, la ausencia en las aulas dispara opiniones divergentes.  Hay que decir todo. Ver las aulas vacías hace pensar que esta vez ganaron los Baradel. 

Ya en el paro del 26 y 27 de julio fue llamativa la adhesión de docentes privados al paro. En general, lo que ocurría era que los mismos docentes que a lo mejor años atrás adherían a una huelga en la escuela pública, no dejaban de dar clases en la educación privada, ya que los colegios que no dependen del Estado suelen tomarse de mal humor las protestas y las huelgas. A fin de cuentas, cualquier consejo directivo de un colegio privado piensa -además de en la excelencia- en la sustentabilidad y la rentabilidad del negocio. Funcionan como empresas. O dependen de fundaciones que miran sus números, o también, reciben subsidios del Estado que les regula sus ingresos. Justamente, la provincia de Mendoza publicó el lunes un decreto que autorizó subas de entre el 11 y el 12 % en las cuotas de aquellos colegios privados que subvencionan. Luego, la adhesión al paro en la educación privada fue aún más fuerte. Dio la sensación de que fueron las instituciones las que generaron dudas y temores entre las familias, enviando comunicados en los que anunciaban dificultades para brindar el servicio. Veamos dos casos:

- En el Colegio Corazón de María enviaron advertencias antes. Y el primer día del paro, hubo docentes que concurrieron al aula, pero no les dieron clases a los alumnos, justamente por estar adheridos al paro. Algo así como protesta en el lugar de trabajo.

- Este caso que sigue es del Colegio Murialdo, el mismo de la foto que ilustra esta nota. "Informamos a ustedes que, debido al paro docente convocado para los próximos días, lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto, educadores de nuestra institución han manifestado adhesión al mismo, a saber: en el nivel inicial, el 100%; en primario el 90% y en el nivel secundario, el 30%. Por ello, nuestra casa educativa se ve en la dificultad para garantizar el normal desarrollo de la jornada escolar. Por cierto, las puertas de la institución estarán abiertas en todos sus niveles y turnos, en los horarios habituales de ingreso y egreso. El personal jerárquico y administrativo, cumplirá con sus tareas normalmente. Conscientes de que ser el ahora de Dios implica no solo estar en el mundo sino con el mundo, debemos sentirnos llamados a escuchar las voces de nuestro tiempo, exhortados a trabajar por el bien común". Resaltamos el último párrafo en itálica, porque parece ser un guiño del colegio al paro docente.

Al inicio de esta semana, el apoderado legal de los colegios que dependen del Arzobispado, Fernando Bertonati, dijo a Canal 7 que en algunos casos la adhesión había superado el 90 % en las escuelas primarias. Y que en los secundarios había rondado el 40 ó 50 %. En el gobierno desmienten estas cifras de adhesión. "Dicen 90 %, pero los colegios privados sólo cargaron un 20 % de ausencias docentes" dicen en la DGE. No ocurrió lo mismo en los establecimientos que no reciben subvenciones. La adhesión fue de baja a nula. No obstante, el SADOP informó un acatamiento en las escuelas privadas del 90 %. "Asistimos a jornadas históricas", dijeron. El SUTE capitalizó para sí casi la totalidad de la ausencia de los alumnos, y lo promocionaron como el apoyo de los padres y madres a su protesta. Puede que en algunos o muchos casos haya sido así. Pero no en todos. Decodificarlos requiere de un estudio sociológico profundo y útil.

El mensaje que sigue, me fue enviado por la madre de un alumno de uno de los colegios religiosos de Mendoza:

"Los docentes piden por WhatsApp a los padres que no mandemos a los hijos al colegio para que (el paro) sea masivo y ellos van a marcar igual para que no les hagan el descuento. Y nos meten en una pelea entre padres por apoyo, o no, a la lucha docente. Mi hijo hoy fue al colegio porque no banco los paros sistemáticos que no conducen a nada (...) Hay que buscar otra forma creativa de protesta que no sea perjudicar a los chicos y continuar con el deterioro de la calidad educativa. ¿Qué pasa estos tres días con los pibes que van a comer a la escuela? Y en especial para ellos que la educación es lo único que los puede salvar de su miseria".

Lo que han demostrado estos cinco días de paro es que el valor de la presencialidad en las escuelas está perdido. Porque la misma palabra está caduca, cancelada, porque ya no hay pandemia. Hablar de presencialidad  fue útil durante ese momento particular. Ahora el valor es que los chicos aprendan.

El apagón educativo es sombrío. Cito al ex director de Escuelas Jaime Correas, en un intercambio que mantuvimos ayer. "...es una locura... estamos asistiendo a la revolución de la insensatez... No se puede medir en su alcance... Hay una cosa muy perversa... Triunfan los malos, inducen a los padres a que no manden a sus chicos a las escuelas, o las cierran... A ver... Es legítimo que un docente quiera cambiar parte de su sueldo por los días de protesta. El derecho a la huelga es constitucional. Pero también lo es -y lo dicen la Constitución Nacional y la Provincial- la obligación de mandar a los chicos a la escuela". En efecto, el artículo 14 de la Constitución Nacional marca el derecho de "enseñar y aprender" y otra media docena de artículos específicos transforman la educación en obligatoria, por ley del Congreso, además . El artículo 212 de la Constitución de Mendoza lo especifica en su inciso segundo, y dice que el titular de la DGE debe ser quien vele por la obligación de mandar a los chicos a clase. Así está redactado: "La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza común y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con las reglas que la ley prescribe. El director general será también quien haga cumplir por las familias la obligación en que están los niños de recibir la enseñanza primaria (...)" Se refiere a la primaria, porque era la educación más extendida en momentos en que se sancionó esta constitución, en 1916. Si algún día la política de Mendoza se pone de acuerdo, este es uno de los artículos que requieren modernización.

La educación argentina atrasa cada vez más. Los esfuerzos de los últimos dos gobiernos de Mendoza en materia de currículas, capacitación, método, censos, aprendizaje, no alcanzan para torcer los efectos nocivos de un sistema que debe atrasar medio siglo, si miramos la educación del primer mundo. Las pruebas de rendimiento escolar nos demuestran que estamos lejos incluso de otros países de la región. Cada vez que hay una prueba PISA (este año nos toca el mes próximo y los resultados estarán bien entrados 2023), no cabe otra cosa que la vergüenza.

Atentar contra la presencia en las escuelas sólo toma de rehén a las familias, y produce un daño irreparable a los chicos. Habría que preguntar en la provincia de Buenos Aires donde en quince años los alumnos y alumnas ya perdieron un ciclo lectivo completo, 180 días, por los paros docentes. Con gremios y gobiernos que se empecinaron en cerrar las escuelas durante la pandemia. En Mendoza el cautiverio escolar duró menos e igual los chicos salieron muy lesionados. Sobre todo aquellos que el sistema llamó de trayectorias débiles.

Puede que en medio de este paro docente todos hayamos repartido culpas y errores. Al gobierno le faltó muñeca política y capacidad de negociar. Mandar policías a tomar asistencia a las escuelas fue un error y una desmesura, con un gremio claramente opositor que además fue muy intrasigente. Y no es que se enojó el SUTE por esto... Se ofendieron maestras y directoras sin filiación gremial o política. El control es legítimo. Hubiesen enviado a empleados administrativos de la DGE a hacer la tarea. Por último, los padres y madres debieron ser más firmes y mandar a sus chicos al colegio a que reciban la educación a la que tienen derecho.

Hemos empezado a recorrer un camino peligroso, con una pendiente cada vez más pronunciada. Los sueldos dignos para los maestros son legítimos. Las aulas vacías, no. Las escuelas sin alumnos son la empresa de demolición del país. No comprenderlo, es una insensatez.

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