De la decena de empresas que presentaron certificados truchos para mantener los beneficios del programa laboral, el fiscal avanzará al menos contra una. ¿Cómo sigue la otra causa por el desvío de $26 millones?
La causa Enlazados no se archiva: la Justicia avanzará contra una empresa
Una de las empresas que presentó certificados de cumplimiento fiscal falsificados y así mantener los beneficios del programa Enlazados, lo hizo efectivamente para ocultar deudas. Así surgió durante la investigación del fiscal Sebastián Capizzi, quien indagó en la decena de compañías que, sin hacerlo público, denunció el Ministerio de Producción que conduce Rodolfo Vargas Arizu.
Fue el Post el que dio la novedad el 21 de mayo: "Investigan por documentos falsos a grandes empresas del programa Enlazados". En efecto, unas 10 compañías habían presentado estas constancias de "libre de deuda" truchas. En aquel momento, fuentes oficiales indicaron que los empresarios habían falsificado los documentos para ganar tiempo: no tenían deudas impositivas, pero tampoco obtendrían a tiempo el certificado de ATM para continuar dentro del programa laboral del Gobierno. Sin embargo, al menos una de las empresas sí había ocultado deudas mediante el certificado apócrifo.
Se trata de Rabadán S.A., una empresa que años atrás había cometido irregularidades en una licitación pública, lo que le valió una suspensión del Registro Único de Proveedores. Pese a esto, el Ministerio de Producción, en su anterior versión de Ministerio de Economía a cargo de Enrique Vaquié, la incluyó entre las compañías que podían beneficiarse con el programa Enlazados: que el Gobierno les pague parte del salario a los empleados que iban sumando.
Vargas Arizu, ministro de Producción, y Emilce Vega Espinosa, a cargo de Enlazados.
Durante la investigación de la Fiscalía de Delitos No Especializados surgió que en los periodos en los que Rabadán S.A. presentó constancias de cumplimiento fiscal falsificadas, mantenía una deuda de Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos. "Fue durante unos meses", dijo una fuente judicial sin especificar monto. Por lo tanto, próximamente citarán al presidente de la firma, Carlos Malmod, para que preste declaración informativa, el paso previo a la imputación penal por uso de documento falso.
"Es una empresa que tiene varios negocios, incluido el servicio de limpieza, en distintas provincias e incluso con Nación", indicaron fuentes con acceso a la investigación judicial con respecto a Rabadán S.A. En 2018 la suspendieron del Registro Único de Proveedores de Mendoza por presentar "datos inexactos" en un balance, durante una licitación para el Hospital Notti.
¿Qué pasó con las otras empresas?
La investigación judicial se focalizó en un inicio en las empresas más grandes: Grupo Broda, Cartellone Oil & Gas y Expreso Luján. En estas tres, el fiscal sí comprobó que ninguna tenía deudas, y dio validez a la hipótesis de que las constancias de ATM habían sido adulteradas por una cuestión de tiempo, y archivó los expedientes. Acá la Justicia ratificó la tesis de que, como no hubo daño patrimonial, no corresponde la imputación.
La Fiscalía notificó al Ministerio de Producción y al no haber objeciones de éste, se procedió al archivo de los expedientes. Sobre las otras empresas, avanzarán contra Rabadán S.A. y aún se está evaluando la situación de una persona jurídica, que aún no estaría definida.
Judicialmente, con respecto a las empresas "sobreseídas", no hay impedimento para que el Ministerio de Producción las reincorpore al programa Enlazados.
Enlazados es un programa laboral que facilita la contratación de nuevos empleados a las empresas: básicamente, el Gobierno les paga parte del salario durante cuatro meses a los trabajadores incorporados (el equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil, y la firma aporta el resto, de acuerdo con el convenio colectivo de la actividad). Entre otros requisitos, las empresas no tienen que tener deudas impositivas, por lo que mes a mes deben presentar una constancia de cumplimiento fiscal, una especie de "libre de deuda".
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Si bien no tenían deudas, varias empresas presentaron este certificado trucho porque legalmente no lo obtendrían en ATM en tiempo y forma para presentarlo en Enlazados. En estos casos, el fiscal archivó los expedientes porque, en los hechos, las compañías no registraban deudas. Pero una sí: Rabadán, la única que continuará bajo la lupa de la Justicia, con la posibilidad de que se sume una persona jurídica más.
La otra causa contra dos jóvenes de 19 y 20 años
La investigación sobre las empresas que presentaron constancias truchas para mantener los beneficios del programa laboral, es una de dos causas judiciales que surgieron por irregularidades en Enlazados. La otra, también dada a conocer por el Post , consiste en el desvío de unos 26 millones de pesos (o más), dinero que se habrían quedado dos empleados del Ministerio de Producción, que a su vez son pareja.
"Así desaparecieron $26 millones del Ministerio de Producción de Mendoza", fue el título de la nota de este diario el 8 de mayo pasado, que contó cómo una joven de 20 años empleada administrativa de Enlazados, Valentina Cáceres, y su novio de 19, Germán Valdeolmillos, introdujeron al sistema 31 CBU de personas afines a las que les depositaron el equivalente a un salario mínimo durante cuatro meses, para luego borrar las "huellas" digitales.
Valentina Cáceres y Germán Valdeolmillos.
Según supo este diario, el alerta se encendió por movimiento sospechosos entre las cuentas de la pareja, pero el Ministerio de Producción dio otra versión: en abril, la joven habría juntado los 31 CBU en una empresa "fantasma", lo que encendió las alarmas de los responsables de Enlazados, y así terminó todo saliendo a la luz.
Ver más: Así "desaparecieron" $26 millones del Ministerio de Producción de Mendoza
Cáceres y Valdeolmillos están imputados por "fraude a la administración pública en la modalidad de estafa". Por el momento, la fiscal a cargo de la causa, Gabriela García Cobos, no avanzó contra los 30 allegados a los que les depositaron mes a mes un salario mínimo (de los 31 CBU, uno era el de Valdeolmillos).
Tal como contó el Post recientemente, al menos cinco de esos 30 dijeron que tenían un vínculo amistoso con los imputados y que en base a esa confianza accedieron a entregarles sus CBU porque presuntamente tenían problemas para operar con los propios. Según la versión que dieron, cada vez que les depositaron el sueldo, automáticamente se los transfirieron a la pareja, afirmando que no se quedaron con ningún porcentaje de ese monto.
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