Ante los destrozos de la semana pasada, el Gobierno tomó precauciones por una marcha antiminera convocada para este miércoles.
Ahora sí vallaron Casa de Gobierno y Legislatura
Este 23 de diciembre se cumple un año de la movilización que se realizó hacia el Gran Mendoza tras la derogación de la ley 7722, que días después volvería a estar vigente tras una decisión del gobernador Rodolfo Suarez.
En el aniversario de aquella marcha, en redes sociales los sectores antimineros celebran de distintas maneras, incluso en un departamento -San Carlos- hay un festival con música incluida, ya que ahí se celebra el Día del Parientazo.
En este marco, a las 19 está convocada una movilización antiminera que se concentrará en Garibaldi y San Martín a las 19 y partirá a la sede del Poder Ejecutivo, como ocurrió hace exactamente un año, y a la Legislatura de Mendoza.
Casa de Gobierno, esta mañana.
Policías presentes en el lugar comentaron que tendrían información que "podría venir gente pesada". Y agregaron que se prevé un operativo similar en la Legislatura, otro sede oficial atacada el viernes pasado durante una marcha por el femicidio de Florencia Romano.
Asambleas antimineras también se activaron en la lucha por el aborto
Tanto en Casa de Gobierno como en la Legislatura está prevista también la presencia de 400 efectivos de seguridad, todo, bajo la premisa de que esta tarde llegaría una manifestación antiminera a las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La Legislatura, vallada.
Si bien la ley 7722 fue ratificada una y otra vez por Suarez desde diciembre pasado, surgió un pedido del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, por algunas excepciones dentro de la normativa actual para poder desarrollar la minería en su departamento.
Ese pedido de Ojeda fue tomado por algunos grupos, entre ellos políticos, como un intento oficial de modificar la legislación vigente. Semanas atrás, el Partido Verde llamó a ingresar en "estado de alerta permanente" y "volver a marcha si es necesario".
Sobre la decisión de montar un operativo de seguridad, el Gobierno busca evitar las imágenes del viernes pasado, donde durante una marcha por Florencia Romano se destrozó y prendió fuego parte de Casa de Gobierno, Legislatura y Tribunales.
Suarez pidió cuidar el agua, "el recurso más escaso que tenemos"
Sobre la sede del Poder Judicial, los militantes antimineros tienen una postura favorable, ya que años atrás la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley 7722, decisión que encabezó el ahora exjuez Jorge Nanclares.
Esta nota habla de:
