La implementación del protocolo antipiquetes, más la Línea 144 para denunciar coacciones, desprestigiaron a los dirigentes piqueteros.
Hace 4 meses no hay piquetes en la Ciudad de Buenos Aires
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, uno de los cambios más notables en la vida pública ha sido el fin de los piquetes. Aunque los reclamos continúan, las marchas ahora se realizan sin cortar el tránsito.
Incluso Eduardo Belliboni, líder de la izquierda y figura central entre los piqueteros, optó por realizar sus demandas desde la vereda del Ministerio de Capital Humano, en Carlos Pellegrini y Juncal, en lugar de bloquear calles. Las manifestaciones actuales, además, son considerablemente menos multitudinarias, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo el gobierno de Milei logró en menos de nueve meses lo que prometió en su campaña: "terminar con las extorsiones y los cortes de los piqueteros".
El protocolo antipiquetes dio resultado en pocos meses
Según un informe de Infobae, que consultó a diez dirigentes sociales vinculados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otros sectores piqueteros, el cambio se atribuye a un nuevo orden social impuesto por el gobierno, sumado al desencanto y la desconfianza que la sociedad ha desarrollado hacia los dirigentes sociales. "La gente que antes se movilizaba está muy mal, desencantada; ya no confía en el dirigente social", admitieron algunos líderes con poca autocrítica.
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Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, fue contundente al recordar que "circular por el país parecía imposible" antes de la implementación de un protocolo que regula las protestas. Según Bullrich, este cambio de paradigma permite que las marchas continúen, pero sin interrumpir la circulación vial: "Lo que no van a poder hacer es cortar la calle".
La primera herramienta que el gobierno de Milei utilizó fue el protocolo antipiquetes, seguido de la implementación de la Línea 134, donde beneficiarios de planes sociales pueden denunciar coacciones para asistir a marchas. Estas políticas, junto con auditorías que revelaron graves irregularidades en la distribución de alimentos, fueron clave para reducir el poder de las organizaciones sociales.
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, lideró una reestructuración que incluyó eliminar la tercerización de la distribución de alimentos, que ahora se realiza directamente a través de la tarjeta Alimentar Comunidad. Además, varios dirigentes de la UTEP, como Emilio Pérsico y Fernanda Miño, fueron desplazados de sus puestos en el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Por otro lado, hasta el 26 de agosto se recibieron 201.333 llamadas en la Línea 134, muchas de ellas denunciando coacciones para asistir a marchas o amenazas de retirar beneficios sociales si no se participaba.
La Casa Rosada ha interpretado que estas políticas no solo han mejorado la distribución de recursos, sino que también han "cortado de raíz" la corrupción en los bolsones de comida y "terminado la intermediación piquetera".
Belliboni está investigado y procesado por la justicia
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