Milei restringió las contrataciones en el Estado

A través de dos decretos, Milei y Sturzenegger limitaron las designaciones en cualquier modalidad y establecieron que sólo se podrá dar un alta cada tres bajas.

Milei restringió las contrataciones en el Estado

Editó: Ana Montes de Oca

En una de sus últimas decisiones del año, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de contrataciones para el sector público, apuntando a optimizar recursos y establecer mayores controles sobre los procesos de designación de personal. Mediante los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial, se fijaron una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de realizar contrataciones de diversas modalidades y la implementación de nuevas evaluaciones para los empleados.

El decreto 1148/2024 establece que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad, incluyendo plantas transitorias, contrataciones autónomas, trabajos a plazo fijo o indeterminado, y cargos transitorios en la planta permanente.

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No obstante, se contemplan excepciones para sectores estratégicos como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, y los guardaparques. También están exentas las designaciones en unidades organizativas del SINEP y otras funciones ejecutivas específicas.

El Ejecutivo precisó además que, a partir de ahora, cada jurisdicción podrá disponer de un alta por cada tres bajas de personal registradas, previo aval de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.

Nuevas reglas para la duración de contratos

El decreto 1149/2024 introduce un límite de seis meses para las contrataciones iniciadas a partir del 1° de enero de 2025. Asimismo, establece que quienes no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, prevista para diciembre de 2024, no podrán ser contratados por períodos que superen el 31 de marzo de 2025.

"Buscamos garantizar la eficiencia y profesionalización del sector público mediante mecanismos de control y evaluación", argumentó el Gobierno, destacando la obligatoriedad del examen para todos los empleados públicos.

Las empresas y organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria también deberán adherir a estos criterios, implementando medidas similares a las dispuestas en los decretos.

El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsaron estas modificaciones en el marco de la "emergencia pública" y con el objetivo de "optimizar los recursos asignados a las designaciones transitorias y contrataciones del sector público".

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