A través de dos decretos, Milei y Sturzenegger limitaron las designaciones en cualquier modalidad y establecieron que sólo se podrá dar un alta cada tres bajas.
Milei restringió las contrataciones en el Estado
En una de sus últimas decisiones del año, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen de contrataciones para el sector público, apuntando a optimizar recursos y establecer mayores controles sobre los procesos de designación de personal. Mediante los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial, se fijaron una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de realizar contrataciones de diversas modalidades y la implementación de nuevas evaluaciones para los empleados.
El decreto 1148/2024 establece que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad, incluyendo plantas transitorias, contrataciones autónomas, trabajos a plazo fijo o indeterminado, y cargos transitorios en la planta permanente.
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No obstante, se contemplan excepciones para sectores estratégicos como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, y los guardaparques. También están exentas las designaciones en unidades organizativas del SINEP y otras funciones ejecutivas específicas.
El Ejecutivo precisó además que, a partir de ahora, cada jurisdicción podrá disponer de un alta por cada tres bajas de personal registradas, previo aval de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
Nuevas reglas para la duración de contratos
El decreto 1149/2024 introduce un límite de seis meses para las contrataciones iniciadas a partir del 1° de enero de 2025. Asimismo, establece que quienes no aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, prevista para diciembre de 2024, no podrán ser contratados por períodos que superen el 31 de marzo de 2025.
"Buscamos garantizar la eficiencia y profesionalización del sector público mediante mecanismos de control y evaluación", argumentó el Gobierno, destacando la obligatoriedad del examen para todos los empleados públicos.
Las empresas y organizaciones donde el Estado tiene participación mayoritaria también deberán adherir a estos criterios, implementando medidas similares a las dispuestas en los decretos.
El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsaron estas modificaciones en el marco de la "emergencia pública" y con el objetivo de "optimizar los recursos asignados a las designaciones transitorias y contrataciones del sector público".