El organismo internacional expresó su preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo. "La existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación", sostiene el comunicado.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Javier Milei que investigue el accionar policial durante la manifestación de jubilados del 12 de marzo en Buenos Aires.
El representante del organismo para América del Sur, Jan Jarab, expresó su "preocupación" por lo sucedido y solicitó al Ejecutivo que esclarezca qué pasó.
"Instamos a las autoridades argentinas a investigar con diligencia los hechos ocurridos en una protesta el 12 de marzo en Buenos Aires. En particular, nos preocupa el estado de salud de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en su cráneo", declaró a través de un comunicado.
Pablo Grillo.
"Según información recibida por la Oficina, participantes de la manifestación se vieron expuestos a un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad. Muchas manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud", señala el escrito.
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"La existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica", advirtió Jarab.
El organismo también recordó que el uso de la fuerza debe ajustarse a los principios internacionales de "legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas". En esa línea, alertó sobre el uso inadecuado de armas "menos letales", como los gases lacrimógenos, ya que su empleo indebido puede convertirlas en letales.
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Finalmente, la ONU destacó que más de cien personas detenidas durante la manifestación fueron liberadas debido a la falta de pruebas en su contra. En este sentido, el organismo subrayó la importancia de la "independencia judicial" para garantizar los derechos de participación ciudadana, así como "el control de la legalidad de las detenciones" y del accionar policial.