Intendentes del sur de la provincia participaron en un encuentro con empresarios y autoridades provinciales para fortalecer la posición de Mendoza en el conflicto ante La Pampa.
Funcionarios mendocinos unidos contra "la victimización" pampeana
A raíz de las repetidas denuncias hechas por La Pampa sobre el caudal del río Atuel, este lunes se realizó una reunión convocada por el intendente de General Alvear, Alejandro Molero a la que asistieron los jefes municipales de Malargüe, Celso Jaque y de San Rafael, Omar Félix.
De esta manera, los departamentos sureños buscarán realizar una defensa conjunta con el apoyo gubernamental y empresarial. El encuentro contó además con la presencia del superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, el director de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte, legisladores del cuarto distrito y representantes de las cámaras empresariales del Sur mendocino.
El sur de Mendoza se pone en pie de lucha a fin de evitar el perjuicio que generaría un fallo favorable al reclamo pampeano. En ese marco, las autoridades pampeanas exigen a Mendoza la liberación de más agua del río Atuel, en concreto, 3,2m3 por segundo, de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación detalló que "según la Constitución Provincial debemos administrar aguas por cuencas, por lo que es muy bueno que todos participemos de esta toma de conocimiento de lo que está pasando".
Las autoridades provinciales y departamentales, reunidas en Alvear.
Por su parte, Francisco Mondotte indicó que "Mendoza, desde 1987, con el primer fallo del diferendo con La Pampa por el río Atuel ha tenido una estrategia que ha sido consecuente en el tiempo, aceptando y reconociendo que es un río interprovincial, pero teniendo en cuenta que, desde ese año, la Corte Suprema Justicia de la Nación estableció que Mendoza primero tiene que regar 76.561 hectáreas para luego dejar escurrir el agua hacia La Pampa".
En ese sentido, advirtió que "a partir de la demanda que presenta La Pampa en el 2014 y del fallo que en 2020 establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el cual se establece que debe dejarse correr 3.2 metros cúbicos por segundo entre Mendoza ha hecho no menos de 5 propuestas concretas de obras tripartitas entre La Pampa, Mendoza y la Nación a los efectos de poder resolver esta situación y poder dejar ese caudal de agua".
La provincia pampeana no ha aceptado ninguna de estas propuestas y las autoridades mendocinas aseguran que "han tenido una voluntad obstruccionista para resolver la cuestión". Mientras que apuntó Mondotte que "si queremos resolver esta cuestión necesitamos obras, y para el avance requerimos en primera instancia que la provincia de La Pampa y la Nación se sienten a conversar con Mendoza con la finalidad de poder llevar adelante este plan de obras".
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"No vamos a claudicar en la defensa del río Atuel"
Alejandro Molero, intendente de General Alvear aseguró que "no vamos a claudicar en la defensa del río Atuel, porque se nos va la vida, se nos va la producción, se nos va el sustento; el agua no solamente de consumo humano sino lo que nos puede traer progreso, desarrollo y crecimiento a los pueblos".
En ese sentido, el intendente alvearense advirtió que "seguiremos avanzando en ese aspecto. La posibilidad de pedir las audiencias necesarias y visibilizarnos también a nivel nacional, creo que forma parte de las cosas que también debemos hacer, y que tenemos que hacer y vamos a hacer".
El intendente de General Alvear, Alejandro Molero.
"Coincido con lo que decía Walther Marcolini que tienen un absoluto desconocimiento seguramente en la Corte de lo que es el río Atuel, de cómo impacta en la economía y de lo que significa para los mendocinos", concluyó el intendente Molero.
Omar Félix, intendente de San Rafael expresó que esta situación "requiere una solución de tipo política. Está claro que se necesitan obras y que nadie quiere privar a La Pampa de un recurso que simplemente hoy no está por la falta de las mismas. Es un problema de todos los mendocinos y no solo de los sureños y es parte de la provincia de Mendoza".
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El intendente de Malargüe, Celso Jaque manifestó que "la única manera para resolver este problema es desde la política con resolución de temas técnicos y con financiamiento para que sea factible. Nos genera una cierta preocupación la presentación hecha por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la cual se pretende demostrar un incumplimiento respecto de un fallo de la corte del 2020".
"Somos conscientes que tenemos que encontrar una solución entre la Nación, Mendoza y La Pampa. Hemos manifestado públicamente el apoyo al Gobernador de Mendoza para que encontremos una solución a este diferendo", sentenció Jaque.
Antecedentes del conflicto por el río Atuel
Cabe mencionar que el conflicto por el río Atuel data de 1987, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que es un río interprovincial, pero que primero Mendoza tiene que poder regar 75.671 mil hectáreas empadronadas en Irrigación, para luego el agua sobrante distribuirla en acuerdo con La Pampa.
Es importante resaltar que el gobierno pampeano ignora el fallo de 1987 y no entiende que las razones son debido al cambio climático. El gobierno de Mendoza propone la realización de obras para que La Pampa reciba agua del Atuel, pero el gobierno pampeano rechaza aportar recursos para hacerlas.
El Río Atuel es la principal fuente hídrica para el sur provincial.
En julio del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que se fijó un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límite entre La Pampa y Mendoza, tal como lo propuso el gobierno mendocino. De esta manera, la sentencia da lugar a los argumentos propuestos por la Provincia de Mendoza, tal como lo recomendó el Instituto Nacional del Agua (INA) para garantizar el correspondiente caudal del río Atuel.
En este sentido, el Tribunal recordó que el punto de partida del presente conflicto "deviene de la disminución de la oferta y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del río Atuel". Y añaden que "ese recurso debía también ser destinado a la conservación del ecosistema interprovincial, para que mantenga su sustentabilidad, todo ello sin perder de vista el interés de las generaciones futuras, cuyo derecho a gozar del ambiente está protegido por el derecho vigente".
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