El sábado apareció sano y salvo el abogado porteño que se había extraviado tras hacer cumbre en el Cerro El Plata. Estuvo desaparecida casi una semana.
Más allá del final feliz: ¿quién paga el operativo de búsqueda y rescate?
Luego de seis días de intensa búsqueda, el abogado y andinista Fernando Reto, que había desaparecido en la alta montaña, apareció sano y salvo poniendo fin a una angustiante espera de familiares, amigos y allegados.
Si bien Reto apareció por sus propios medios, luego de un excepcional racionamiento de comida y de abastecerse del agua de un río durante decenas de kilómetros en una geografía totalmente hostil, se montó un amplio operativo de búsqueda y rescate que incluyó helicópteros, brigadas especializadas de la Policía y rescatistas que recorrieron terrenos de extrema dificultad en un esfuerzo coordinado casi sin precedentes.
En este cuadro de situación, surge una pregunta que excede a la historia de Fernando Reto. ¿Quién debe hacerse cargo del costo de este tipo de operativos de búsqueda y rescate? ¿Debe ser responsabilidad del Estado o del propio montañista que, por decisión propia, se aventuró en una travesía de alto riesgo?
Un costo que asume la provincia, por ahora
Una alta fuente del Gobierno de Mendoza confirmó al Post que será la Provincia quien asuma íntegramente el costo del operativo montado la semana pasada. Si bien no pudo hacer un cálculo estimado, destacó que no sólo hay que contabilizar las horas de helicóptero, sino también el personal, especialmente aquellos trabajadores que no estaban de turno y que tuvieron que sumarse, con el costo que ello implica, entre otras erogaciones.
Sin embargo, el caso puso en agenda la necesidad de revisar las normativas vigentes, algo que sugirió el Gobierno años atrás pero que nunca ejecutó, y establecer mecanismos que obliguen a los andinistas a asumir parte del costo en futuras situaciones similares.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia contaron al Post que en los próximos meses ingresará un proyecto a la Legislatura que trabajará en una regulación que contemple la posibilidad de cobrar una parte del gasto a quienes sean rescatados en este tipo de situaciones.
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"No se les cobraría la totalidad, pero sí podría establecerse un monto determinado que incluso se vaya actualizando todos los años en la Ley Impositiva", indicaron.
Entre la aventura y la responsabilidad
El debate está abierto. Por un lado, están quienes sostienen que el Estado debe garantizar la seguridad de todas las personas, sin importar las circunstancias. Por otro, hay quienes consideran que quienes asumen riesgos innecesarios deben hacerse cargo, al menos parcialmente, de las consecuencias.
Por ahora, la provincia seguirá cubriendo estos operativos. Pero la discusión está instalada, y en el futuro, los montañistas podrían tener que pagar un precio no solo por la aventura, sino también por el rescate si las cosas salen mal.
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