El fiscal se refirió a datos históricos de problemas con las ayudas sociales y dijo que se debería utilizar un sistema de "datos biométricos" para asegurar que nadie se robe la ayuda social.
Causa extorsiones piqueteras: Marijuán pidió mayor control estatal
A raíz de la causa que investiga a dirigentes y militantes piqueteros por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales se desató un fuerte debate sobre la prevención y el control en la administración de la asistencia social en Argentina. El fiscal federal Guillermo Marijuan, encargado de otros expedientes similares, criticó duramente la falta de control estatal, afirmando que "acá está fallando la prevención".
La causa en cuestión, bajo la conducción del juez federal Sebastián Casanello, estalló el lunes pasado con casi treinta allanamientos contra distintos movimientos piqueteros acusados de extorsión, coacción agravada y defraudación. Todo comenzó el 20 de diciembre, cuando se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. En ese contexto, el Gobierno puso a disposición el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimas, lo que dio lugar a la intervención del fiscal Gerardo Pollicita. Según Pollicita, "al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social".
Gerardo Pollicita
Falta de Control y Prevención
El fiscal Marijuan, en diálogo con Radio con Vos, recordó los antecedentes de descontrol en la asistencia social desde la crisis de 2001, cuando se implementaron los primeros planes sociales denominados Plan Jefas y Jefes de Hogar. "Por la falta de control se creó la Unidad Fiscal de Delitos de la Seguridad Social, y desde entonces hemos encontrado miles de incompatibilidades que se denunciaron", señaló Marijuan. A lo largo de los años, distintos planes sociales han enfrentado problemas similares debido a la falta de control estatal efectivo.
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Además, las pruebas recolectadas por el fiscal Pollicita han revelado un sistema de control y sanciones sobre las víctimas, que incluía la toma de asistencia a las movilizaciones, el armado de listas de castigados, la imposición de multas por faltar a una marcha y la exigencia de justificar las ausencias con comprobantes. Este sistema también prohibía a las personas retirar raciones de comida por plazos determinados.
Para Marijuan, una solución clave es mejorar el control estatal utilizando tecnología avanzada. "Creemos que tenemos que ir a un control biométrico, que las personas tienen que dar el cumplimiento de los planes directamente con una aplicación donde exhiban su rostro", sugirió el fiscal. Este tipo de medidas, afirmó, podrían haber evitado problemas como el uso fraudulento de tarjetas de beneficios sociales.
Además, Marijuan destacó la importancia de cruzar bases de datos para detectar incompatibilidades, mencionando que en una investigación reciente se encontraron 3000 personas que recibían la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sin residir en el país. "El requisito de una pensión para un ciudadano argentino es que resida en Argentina", aclaró.
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