Una cámara de apelaciones ratificó la sentencia de extinción de dominios contra Luis Lobos y su esposa. Alcances de un verdadero fallo anti corrupción.
Fallo ejemplar: en Mendoza, ser corrupto es más riesgoso
La Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil de Mendoza integrada por las juezas Gladys Marsala, Silvina Del Carmen Furlotti y María Teresa Carabajal Molina dejó firme ayer un fallo de primera instancia, histórico, en el que la jueza civil María Paz Gallardo había dictado en febrero último la extinción de dominio sobre tres inmuebles del matrimonio integrado por el ex intendente de Guaymallén Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró, luego de determinar que esos bienes habían sido adquiridos con dinero de origen presumiblemente ilegal. En paralelo, en el fuero penal, Lobos y su esposa están a las puertas del juicio oral por enriquecimiento ilícito que dio origen a la extinción de dominio. En esta causa ya fueron acusados, imputados, elevados a juicio y ya se realizó la audiencia preliminar luego de una detallada y trabajosa tarea de investigación de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi. Sólo resta la fecha del debate. El matrimonio Lobos-Sgró arrastra además una condena a prisión efectiva por fraude en el caso de la "mucama ñoqui", pero aun esperan el resultado de su apelación a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. El Caso Lobos y una media docena de causas por delitos de corrupción derivadas de aquel, empezaron en diciembre de 2014 cuando nuestro Diario Mendoza Post publicó la investigación "Así se enriquece un intendente".
Lobos y su esposa, en el juicio por la "Mucama ñoqui".
El fallo de la Cámara Segunda trasciende el Caso Lobos en sí. Las juezas, además, ratificaron la constitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio que permitió a la jueza María Paz Gallardo quitarles a Lobos-Sgró los bienes que no pudieron justificar. Ahora, les rematarán todos sus inmuebles.
Al quedar firme esta sentencia, el Ministerio Público Fiscal podrá avanzar contra bienes de presuntos narcos, corruptos, promotores de la corrupción de menores, trata de personas con fines de prostitución, autores de fraude al Estado y delitos contra la administración pública, coimeros, y bandas delictivas. Para ello, bastará que tengan una imputación en el fuero penal.
Video: La Mansión de Lobos que será embargada, filmada por el Post en diciembre de 2014.
El proceso de extinción de dominio rige en Mendoza por ley desde abril de 2019. Permite al Estado recuperar bienes aunque no estén terminadas las causas penales. Fue un proyecto enviado por el ex gobernador Alfredo Cornejo, para rescatar bienes adquiridos con dinero de la corrupción, entre otros delitos. Uno de los autores fue el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, citado ahora en el fallo de Cámara. Fue quien defendió el proyecto en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Antes había que esperar a que el proceso penal estuviera firme para poder decomisar bienes producidos del delito. Ello podía tardar años, o no suceder nunca. Ahora con la imputación por corrupción se hace un juicio civil con todas las garantías, y el acusado debe demostrar con qué fondos adquirió esos bienes. Lobos no pudo, sus inmuebles se rematarán y con su producido se repararán escuelas, tal como dice la ley mendocina de Extinción de Dominio. Ahora, si en la causa por enriquecimiento Lobos y su esposa terminasen inocentes, el Estado deberá devolverles sus inmuebles o el dinero equivalente. Tal fallo sería difícil, habida cuenta de la abundancia de pruebas reunidas por los fiscales de Delitos Económicos de la Provincia, contra la pareja.
La Extinción de Dominio puso a Mendoza en los primeros planos informativos y políticos del país, en febrero, cuando el fallo de primera instancia dictó el embargo de los inmuebles de la pareja. La sentencia realmente trascendente de la jueza Gallardo y la historia precedente del caso fueron puestos en valor por numerosos dirigentes, jueces, funcionarios, magistrados, medios, e incluso por un editorial del prestigioso diario La Nación. Antes, la investigación periodística de Mendoza Post junto al grupo de abogados encabezado por Carlos Varela Alvarez había sido destacada por el Foro de Periodismo Argentino como una de las más importantes del año 2014 en el país.
El Caso Lobos fue un conjunto de causas en que la participación ciudadana fue clave. Fueron foristas de medios online quienes aportaron las primeras pistas, que permitieron primero a Mendoza Post y más tarde a la Justicia, ir desentrañando la telaraña de bienes de Lobos-Sgró, y los probables delitos cometidos. Numerosos testimonios y prueba documental sustentaron dos causas por fraude al Estado por el alquiler de maquinarias, camiones y una planta de asfalto, en la que Lobos está imputado junto a algunos de sus ex funcionarios, la causa de la "mucama ñoqui", en la que ya está condenado junto a su esposa, y finalmente, la "causa madre" por enriquecimiento ilícito. En caso de ser condenados, tras la lectura de la sentencia Lobos y Sgró serán conducidos a sendas penitenciarías de la provincia. Así de grave fue la acusación, y así de duro resultaría el castigo.
Lobos, cuando volvió como empleado municipal. Fue cesanteado.
Sectores de la política también tuvieron su rol. Dirigentes del FIT acompañaron la denuncia penal original en los fueros provincial y federal. Los por entonces jóvenes kirchneristas que ahora conducen los destinos del Partido Justicialista de Mendoza, se interiorizaron del caso y no acompañaron ni hicieron campaña electoral por Lobos, que buscaba otro período al frente de la comuna de Guaymallén. Luego, el intendente radical Marcelino Iglesias puso al Estado municipal como querellante, aportó pruebas, exoneró a Lobos y su esposa, y promovió las investigaciones que permitieron sanear la municipalidad de la corrupción del gobierno anterior. A su turno, Alfredo Cornejo, D'Agostino, legisladores, promovieron la ley que hoy permite recuperar para la sociedad los bienes presuntamente mal habidos, y transformarlos en dinero para la reparación de escuelas. Luego, estuvo la actuación de la justicia, especialmente de la fiscal Muscianisi que ya obtuvo una condena a Lobos; antes, los fiscales Santiago Garay y Juan Manuel Bancalari a inicios de la investigación, y finalmente la jueza María Paz Gallardo y las tres juezas integrantes de la Cámara Segunda de Apelaciones.
La sentencia de la Segunda Cámara Civil demuestra además que las políticas de Estado son posibles, y especialmente útiles al ciudadano cuando resultan concurrentes. Aquí hubo un gobierno provincial que diseñó una ley para golpear a los delincuentes "de guante blanco", y a las grandes bandas donde más les duele: en sus bienes y riquezas. Y luego, hubo jueces de diversas instancias que dieron validez jurídica de rango constitucional, a esa ley propia de una provincia moderna, en un país donde lamentablemente la corrupción y los grandes delitos son noticias de todos los días.
Así, el fallo de la Cámara demuestra que un Estado atento a la transparencia de la gestión pública, a los bienes comunes y a los particulares de los ciudadanos es posible, y que en Mendoza ser corrupto supone - además de la estadía en la cárcel en casos determinados- una probabilidad alta de perder los bienes mal habidos.
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(*) Los autores son presidente del directorio y director periodístico respectivamente, y socios directores de Plataforma Digital, empresa editora de Mendoza Post.
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