Luego de la Ley Bases, así sigue la agenda en el Congreso

El gobierno de Javier Milei logró la aprobación definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal, lo que le otorga nuevos "instrumentos" para la gestión. Ahora, se enfoca en la reglamentación y la implementación de estas normas.

Después de seis meses de debate, la Ley Bases finalmente obtuvo la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y 107 negativos1. Ahora, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de promulgar ambas normas e implementarlas. Según la Constitución Nacional, el Presidente puede optar por dos métodos de promulgación: por decreto o de hecho. En ambos casos, la ley debe ser publicada en el Boletín Oficial para entrar en vigencia según los plazos legales establecidos.

En cuanto a la implementación, el Gobierno priorizará la reglamentación de los capítulos fiscales. Buscará restituir el Impuesto a las Ganancias y declarar la emergencia para otorgar facultades delegadas extraordinarias al Presidente. Sin embargo, la mayoría de los ejes de ambos paquetes entrarán en vigencia recién dentro de dos meses. Los libertarios mantienen cautela ante posibles impugnaciones judiciales y evitan generar expectativas desmedidas desde el inicio de su gestión.

En resumen, la Ley Bases marca un cambio de etapa en la relación entre Javier Milei y el Congreso, y el Gobierno se prepara para una agenda legislativa más activa en temas como seguridad y educación. 

En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chrillo. "Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos", comentó el funcionario.

La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina. De estos tres, el Gobierno tiene entre ceja y ceja la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados.

En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich. La Ley "antimafias" propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita.

Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penadas con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización.

Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa.

Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri.

De la mano con estas iniciativas, el ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta reforma del Régimen Penal de Minoridad es respaldado apasionadamente por Patricia Bullrich.

Media sanción a un aumento de penas por compra y venta de niños

En medio de la conmoción por el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, hecho sobre el cual giraron varias hipótesis, entre ellas que habría sido víctima de una red de trata, el Senado dio media sanción este jueves a un proyecto de ley que endurece las penas por la compra y venta de menores. La votación resultó por unanimidad con 63 votos a favor.

Sin embargo, la iniciativa volverá a ser tratada en comisión el próximo miércoles 10 según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto. Todo se originó por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. Tras más de media hora de idas y vueltas, el jefe del bloque UP, José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para su revisión en el articulado, cuya votación resultó afirmativa y a mano alzada. A su vez, desde el Pro solicitaron que citen a juristas y constitucionalistas para que contribuyan en la redacción.

De acuerdo al texto, se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena.

El cambio propuesto en la iniciativa motorizada por la senadora radical Carolina Losada prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

A su vez, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

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