La disputada fue desplazada como querellante y permitió que referentes de HIJOS aporten datos a la causa.
Duro revés de la Justicia para Lourdes Arrieta por la visita a genocidas
La diputada nacional Lourdes Arrieta sufrió un duro revés de parte del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, que investiga la visita de políticos a genocidas presos por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza, puesto que permitió la presencia de referentes de la agrupación H.I.J.O.S. como querellantes en la causa en cuestión.
En esa misma línea, la Justicia desplazó a Arrieta como querellante y desestimó una denuncia que había realizado la polémica diputada libertaria.
Los jueces Ernesto Kreplak y Maximiliano Callizzo aceptaron en un comunicado "tener como parte querellante en la presente causa a Carlos Pisoni y a Virginia Franco (art. 82 CPPN) IV- REMITIR la presente al asiento de la Fiscalía Federal Nº 1 de esta ciudad, a fin que su titular, el Dr. Sergio Mola, continúe la investigación en los términos oportunamente dispuestos, previstos en el art. 196 del CPPN., con relación a los hechos descriptos en el punto I de la presente parte dispositiva".
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H.I.J.O.S. es una agrupación de víctimas de delitos de lesa humanidad. Según se supo, los referentes aportarán a la investigación datos vinculados a presuntas irregularidades llevadas adelante por el personal penitenciario el día de la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), el pasado 11 de julio, al penal de Ezeiza.
Ellos fueron Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta y Alida Ferreyra, quienes según la agrupación, "deberían dejar de ejercer su función" tras dialogar con los represores, entre ellos el ex marino Alfredo Astiz, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976.
Revés para Arrieta
En tanto, la Justicia desestimó este jueves la denuncia realizada, el pasado 7 de agosto, por la diputada nacional Lourdes Arrieta contra sus ex compañeros en el bloque de LLA.
La denuncia acusaba una "posible comisión de los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos" al Director Nacional de Servicio Penitenciario Federal, el "Director del Complejo Penitenciario de Ezeiza" y "las personas que organizaron la visita al penal".
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Además de quitarle el rol de querellante en la causa, la Justicia le retiró la custodia policial que había ordenado al inicio del expediente. Dicha decisión se basó en que al rechazarse un posible delito no se justifica mantener las mencionadas medidas.
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