La notificación a las cámaras llegó pasadas las cuatro de la tarde. La firmó su hijo Luciano, que es empleado en Tribunales y también está procesado.
Llegó la suspensión a Bento, pero el juez no salió a recibirla
Esta tarde, pasadas las 16:00 y con los tribunales federales en tensión por la suspensión del juez federal Walter Ricardo Bento, acusado de varios delitos de corrupción, llegaron a Mendoza los oficios notificando la medida restrictiva contra el juez titular del Juzgado Federal Número 1, con competencia penal y electoral. El juez no se movió de su despacho en todo el día. Las notas, a las que tuvo acceso este diario, notifican a la Cámara Nacional Electoral y a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza de la suspensión del juez. Y están firmadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Magistratura, Héctor Rosatti. Es decir que la suspensión de Bento ya es un hecho. No obstante, no será detenido en la causa penal que se le sigue por lavado y por solicitar coimas a presos federales a cambio de beneficios, configurando una decena de delitos. Para cumplir alguno de los pedidos de prisión preventiva contra el juez, primero debe llevarse a cabo el "juicio político" del magistrado, y eventualmente, su destitución.
La notificación a Bento tuvo un capítulo extraño esta tarde en los tribunales locales. El juez, que no salió de su oficina, no fue el receptor de los oficios. "No se asomó a la calle" dijo una fuente. El que recibió las cartas que comunicaban la suspensión fue su hijo Luciano Bento (27), procesado también junto a su padre y parte de la familia, por delitos de corrupción.
La notificación a la Cámara Federal de Apelaciones que firmó Rosatti como titular de la Magistratura (el órgano que controla la conducta de los jueces), indica que ya se inició el "proceso de remoción" del juez Bento, que se formalizó una acusación contra el magistrado y que además fue suspendido de sus funciones. También le pide a la Cámara Federal de Apelaciones que notifique a Bento de su condición de acusado, por lo que ahora será sometido a un jury de enjuiciamiento.
La segunda notificación de Rosatti está dirigida a la Cámara Nacional Electoral, fuero en el que Bento tiene jurisdicción. Este año, habría intervenido como juez electoral en las PASO nacionales de agosto, las presidenciales de octubre y un eventual ballotage en noviembre. Pero ahora, será reemplazado por otros jueces.
Aunque aún faltan las decisiones formales, fuentes de los tribunales federales dijeron al Post que el juez Bento será reemplazado en los expedientes penales por el titular del Juzgado Federal 3, Marcelo Garnica. Y que luego de otra resolución de la Cámara, será el juez titular del Federal 2, Pablo Quiros, quien deba asumir la competencia electoral.
El caso
El juez Bento llegó a la suspensión luego de dos años de tironeos entre la oposición y el oficialismo kirchnerista que intentó protegerlo en el Consejo de la Magistratura. Finalmente hoy fue suspendido. Bento está acusado de una decena de delitos en la función pública, relacionados a lavado de activos, coimas, sobornos, y asociación ilícita en calidad de jefe, por el supuesto cobro de favores a presos con graves causas, vinculadas especialmente al contrabando y al narcotráfico.
La causa se inició en 2021, luego de la declaración ocasional de un preso por el crimen de un empresario que aparece en esta trama: Diego Aliaga. Ante un fiscal y a los gritos, aquel detenido contó lo que pasaba entre abogados, presos, funcionarios, y el juez Bento. La causa se inició y pasó al juzgado de Eduardo Puigdéndolas, con la investigación del fiscal Dante Vega. Lograron procesar y llevar a Bento a juicio oral, sobre la base de numerosos testimonios y pruebas, pero básicamente, por lo que consideran el aumento desmesurado del patrimonio del juez en propiedades, vehículos de alta gama, y viajes al exterior durante períodos prolongados, propios, y de su familia. Además de Bento, su esposa Marta Boiza y sus hijos Nahuel y Luciano (el que recibió las notificaciones este miércoles) hay unas 22 personas más complicadas en este caso. El juicio oral y público se inicia el 26 de julio.
El juez, en su defensa, siempre dijo que esta causa era "política".
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