Este martes comienza el tratamiento en particular del megaproyecto del Ejecutivo. Todavía no hay consenso sobre algunos ítems.
Estos son los puntos principales que todavía no se acuerdan en la Ley Bases
En lo que ya se cataloga como el debate parlamentario más prolongado en los últimos 40 años de democracia en Argentina, el destino de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sigue siendo incierto en el horizonte. El proceso comenzó el pasado miércoles, se aprobó en general el viernes tras 30 horas netas de discursos, y ahora se adentra en la compleja tarea de discutir artículo por artículo, una fase que podría extenderse hasta tres días más.
Desde su presentación en diciembre, el texto ha sufrido una considerable reducción de más de 300 artículos, lo que implica la mitad de su tamaño original. Sin embargo, la configuración final sigue siendo un misterio, ya que las negociaciones entre la Casa Rosada y los bloques de la oposición dialoguista (especialmente los gobernadores) continúan estancadas.
El punto central de desacuerdo se centra en el reparto de fondos: al eliminar del proyecto el capítulo fiscal, el Gobierno ha advertido que promoverá un ajuste mayor en los fondos destinados a las provincias para compensar las subidas de impuestos descartadas. Esto ha desencadenado una batalla abierta que ahora afecta al Congreso. Los gobernadores tienen el poder de hacer naufragar la ley; en represalia, Javier Milei podría reducir aún más los fondos destinados a las provincias. En esta pulseada se juega el destino del proyecto.
La Ley Bases fue aprobada en general por 144 votos afirmativos
Los cinco puntos de debate
Impuesto PAIS: El impuesto PAIS tiene una vigencia temporal y el Gobierno espera que la ley valide su continuidad hasta fin de año. Los gobernadores exigen que la recaudación se comparta con las provincias. Desde su creación en 2019, el 70% de los ingresos por este impuesto se destinan al PAMI y a la ANSES; el 30% restante va al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), administrado por movimientos sociales. Los gobernadores piden que ese 30% se reparta entre las provincias. Una de las últimas propuestas fue coparticipar el 21% y girar el 9% directamente al Renabap.
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Sin embargo, Milei se niega rotundamente, argumentando que es un impuesto temporal ligado a la existencia del cepo cambiario y que coparticiparlo haría casi imposible eliminarlo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya ha advertido que si la oposición incluye este artículo en la ley, el Presidente está dispuesto a vetarlo.
Privatizaciones: El proyecto original de ley facultaba al Presidente para avanzar con la privatización de 41 empresas públicas. Sin embargo, en las primeras negociaciones se eliminó de la lista a YPF y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina. Antes de llegar al recinto, se eliminaron empresas importantes para algunos gobernadores aliados, como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, la Fábrica Argentina de Aviones, entre otras. Entre las 27 empresas que quedan en el texto en discusión figuran AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La discusión sobre este punto aún no está resuelta. El bloque de la UCR exige que se vote cada empresa por separado, mientras que Hacemos reclama que los procesos de privatización sean revisados por una comisión bicameral del Congreso. Si Milei se niega, los opositores podrían pedir una ley específica para convalidar cada venta, algo que podría contar con el apoyo del peronismo.
Delegación de Facultades: Los diputados han limitado las pretensiones originales de Milei de declarar la emergencia en 11 materias y tener poderes especiales por dos años, prorrogables por decreto. Finalmente, se incluirán 5 emergencias (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa), mientras siguen discutiendo si añadir la de seguridad. El período de delegación será de un año, prorrogable con acuerdo del Congreso. Los gobernadores también recelan de las delegaciones para manejar 30 fondos fiduciarios, algunos de los cuales se crearon para auxiliar obras públicas en marcha.
Contratos Vigentes: El radicalismo y algunos diputados de Hacemos se resisten a otorgar al Gobierno la facultad para prorrogar, rescindir o anular contratos de concesiones, de obras públicas y de alquileres. Quieren que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones, del mismo modo que con las privatizaciones.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES: Antes de iniciar el debate en Diputados, se anunció la eliminación del artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que declaraba la transferencia al Tesoro de sus activos. Sin embargo, esta discusión se ha reavivado. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, impulsa reponerlo con una cláusula que disponga la compensación automática para las cajas de jubilaciones provinciales "armonizadas", como la de su provincia. Santa Fe también apoya esta moción. El Gobierno podría utilizar esta carta para suavizar las tensiones causadas por el impuesto PAIS.
Martín Llaryora
Finalmente, los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las restricciones del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera son resistidos por algunos diputados que negocian con el oficialismo. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera.
Fuente: La Nación
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