El Gobierno rechazó el pedido de una empresa del sur mendocino que pidió una adecuación del precio que cobró por una propiedad vendida al Iscamen.
Le vendió una propiedad al Estado y reclama más plata
En 2023, una empresa privada vendió un inmueble al Gobierno de Mendoza por casi $600 millones, pero luego exigió una readecuación del precio argumentando que la inflación había afectado su ecuación económica.
El caso, si bien se remonta a casi dos años atrás, se actualizó este martes 11 de febrero de 2025 con el rechazo del gobernador Alfredo Cornejo al pedido de más plata de la empresa ELMOSUR S.A.S.
"Rechácese en lo sustancial por los motivos expuestos en los considerandos de este decreto, el Recurso de Alzada de ELMOSUR S.A.S.", dice el decreto firmado por el gobernador.
La historia comenzó en 2023, cuando el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) lanzó una licitación pública para la adquisición de un inmueble con equipamiento en General Alvear. La instalación debía ser utilizada para un sistema de adulto frío de la mosca del mediterráneo, una técnica biológica para el control de esta plaga que afecta la producción agrícola.
La empresa ELMOSUR S.A.S. fue la única oferente y, tras un proceso de negociación, redujo su propuesta original de $616 millones en un 3,24%, dejando el precio final en $596 millones. La adjudicación se formalizó en noviembre de 2023 y el contrato se firmó el 30 de ese mes.
Sin embargo, pocos meses después, la firma presentó un pedido de readecuación de precios, basándose en la inflación registrada entre la presentación de su oferta y la adjudicación definitiva. Argumentó que la suba de costos había generado un desequilibrio financiero en la operación y pidió una compensación económica.
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El Gobierno provincial, a través del Iscamen, rechazó el pedido con el argumento de que la licitación se trató de una compra de efecto instantáneo, es decir, no un contrato de ejecución continuada o de suministro, que son los que pueden ajustarse por inflación según la normativa vigente. Además, se señaló que la empresa no había presentado pruebas concretas sobre cómo el contexto inflacionario afectó sus costos más allá de citar índices económicos generales.
ELMOSUR no se dio por vencida y elevó un Recurso de Revocatoria, que también fue desestimado. Finalmente, interpuso un Recurso de Alzada ante el gobernador Cornejo, quien resolvió de manera definitiva el tema a través del Decreto 159, publicado en el Boletín Oficial el 11 de febrero de 2025.
En la fundamentación de la negativa, el Gobierno provincial dejó en claro que la inflación no puede ser usada como argumento automático para readecuar contratos, salvo en casos extraordinarios de crisis inesperadas. Incluso citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Mendoza, que en fallos previos ha señalado que el deterioro monetario es un fenómeno previsible en la economía argentina.
Con este decreto, la provincia da por cerrada la disputa y deja firme el pago original de $596 millones, sin ajustes ni compensaciones. Mientras tanto, la instalación adquirida sigue en manos del Estado, a la espera de su puesta en funcionamiento como parte del programa de control biológico de la mosca del mediterráneo.
