Un fiscal imputó de abuso sexual a un funcionario. Lo desplazaron, y lo volvieron a contratar. Por qué este caso es importante y cómo se relaciona con probables encubrimientos, coacción, y finalmente, la grabación que desnudó el caso de las cooperativas relacionadas a funcionarios.
Las Heras: el abuso sexual que abrió la trama del escándalo político
La chica (M.) tenía 24 años por aquel entonces. En su familia subsistían como vendedores ambulantes y la pandemia -literalmente- los partió al medio. Por empatía y porque eran vecinas desde hacía años, una funcionaria de la municipalidad de Las Heras que luego falleció, la hizo ingresar al municipio. Para M. aquellos 8.300 pesos iniciales que comenzó a cobrar probablemente en marzo de 2020 eran un salvavidas de qué agarrarse. Recién separada y con una hija, ese salario sería la diferencia entre la vida, y la calle. "Estaba cagada de hambre, literalmente" dijo al Post en dos conversaciones. En una de las entrevistas, de 58 minutos, fueron pocos los momentos en que pudo controlar el llanto.
El abuso sexual que denunció M. fue -probablemente- el eslabón inicial de una larga cadena de hechos que derivaron de un modo u otro en la saga que detonó tras la investigación de Mendoza Post. Este diario reveló las relaciones posiblemente indebidas entre entidades asociativas que facturaron decenas de millones de pesos al municipio, y funcionarios del gabinete del intendente Daniel Orozco. Los casos identificados en aquella investigación fueron los del subsecretario de políticas sociales Osvaldo Oyhenart -como mínimo manejaría dos cooperativas a través de su yerno Juan Pablo Pandolfi- y de Fabián Manzur, empresario y ex candidato a intendente de Guaymallén, que a través de una fundación le facturó en poco más de un año algo más de 21,7 millones de pesos al municipio cuando aún era asesor de la intendencia. Oyhenart, a su vez, sería el hombre registrado en un audio incriminatorio de 26 minutos grabado en secreto por otra empleada municipal, camino a un hotel alojamiento. Así lo reconoció en la justicia la mujer que lo grabó.
Todos estos hechos están relacionados y se suceden uno a otro. Tienen que ver con el manejo del poder interno y de un sistema de lealtades, premios y castigos en la Municipalidad de Las Heras, en función del quiebre de Cambia Mendoza, meses atrás. Esa ruptura ubicó a Daniel Orozco como candidato a vicegobernador opositor por La Unión Mendocina acompañando a Omar De Marchi, y a su pareja y secretaria de Gobierno Janina Ortiz como candidata a diputada por el primer distrito, para la Legislatura provincial.
Las circunstancias que se narran aquí figuran en cuatro de los expedientes en que se fueron dividiendo las causas de #LasHerasGate. Y en relatos de testimonios a los que tuvimos acceso.
El abuso
El miércoles 8 de julio de 2020, en la previa del feriado, M. fue convocada a trabajar en el Centro Integrador Comunitario de El Plumerillo para elaborar sopaipillas. Al día siguiente sería el propio intendente Daniel Orozco quien las repartiría en el Día de la Independencia. Los hechos ocurridos en aquel CIC derivaron en una denuncia presentada el jueves 8 de este mes, antes de las elecciones PASO. Y en la posterior imputación de Franco Angel Cortez, entonces coordinador de juventud del municipio, por el abuso sexual con acceso carnal de M. Ayer, fuentes del municipio de Las Heras dijeron al Post que Franco Cortez "no seguía" en la comuna y que su contrato semestral estaba a punto de acabar. Sin embargo, el decreto municipal 1816 firmado el 15 de junio por el intendente Daniel Orozco y el secretario de Obras Públicas y candidato a intendente Martín Bustos -una semana después de la denuncia de M.- dispone el cese en las funciones de Franco Cortez como coordinador de Juventud desde el 23 de junio, y a la vez lo designan en "categoría I" para "tareas gerenciales" dependientes de la Secretaría de Gobierno, desde ese día y hasta el último día de este mes, el sábado 30. Le firmaron un contrato el mismo día de la imputación por abuso sexual.
Franco Cortez (25) y su familia parecerían ser un clan influyente en la Municipalidad, cercanos a la secretaria de gobierno Janina Ortiz. Franco es o fue pareja de la directora de Participación Ciudadana Romina Johanna Martínez, amiga de Ortiz. Lourdes Cortez es la subdirectora de Salud, y Angel Humberto Cortez -quien sería padre de Franco- es coordinador de merenderos.
El operativo silencio
M. habría sido sometida durante tres años a un operativo cruzado de presiones, convencimiento -y promesas- para que guardase silencio respecto del abuso. Ello habría ocurrido -de acuerdo a la denuncia- a través de varias reuniones y conversaciones con Janina Ortiz, con el ex secretario de asuntos legales Mauro Homan, con distintos funcionarios de la comuna. A Homan, como director de Legales, le tocó atender a mucha gente en la comuna, a quienes asesoraban por temas judiciales o legales diversos. En ese contexto, Daniel Orozco le habría pedido "atender a dos personas". Así, se reunió con M. y le aconsejó denunciar inmediatamente el abuso. Pero ella tuvo miedo. También la asesoró sobre procedimientos a seguir y organismos públicos con los que podía contactarse para recibir no sólo atención psicológica sino también protección.La observación del abogado, que declaró en uno de los expedientes, fue que M. estaba absolutamente vulnerable, y frágil. Superada por todos los acontecimientos. También se reunió con L. que ratificó la historia que contaba M.
En su relato M. registra al menos una conversación con el intendente Orozco. Las presiones -al principio- habrían sido sutiles y acompañadas de promesas, como la de adjudicarle una casa, para lo que en una oficina municipal habrían llegado a pedirle sus datos personales y familiares. Estas maniobras habrían mantenido a M. en silencio respecto del abuso, pero la situación personal, la humillación que sintió, las habladurías en su lugar de trabajo y las redes sociales la hicieron implosionar. Un posteo que luego fue repartido por WhatsApp la calificó de la "Putita de los Cortez". Otro hablaba de la "fiesta negra del CIC", y así. Fue demasiado.
Los días y meses de trabajo se fueron complicando.
En las maniobras de "seducción" a M. le habrían dado, por decisión de un superior, tres contratos para que la chica víctima del abuso "maneje". Así ingresó a la Municipalidad L. una de sus amigas. Que meses después sería la protagonista del audio que derivó en escándalo, y una de las denunciantes de #LasHerasGate.
Un 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en un acto en el Salón Malvinas de la Municipalidad y delante de otras mujeres funcionarias, empleadas, legisladoras y auxiliares de la secretaria de gobierno Ortiz, M. habría explotado de indignación. A los gritos, llorando, habría manifestado su caso, su dolor, su repudio al abuso que luego denunció.
El audio
Mientras un grupo de funcionarias y funcionarios intentaba administrar la situación con M. en el municipio iba progresando la pelea política por las candidaturas de este año. Un día, alguien le habría subido la categoría a L. -amiga de M.- lo que motivó una serie de intrigas y sospechas. A la empleada M. le habrían encargado "investigar" a su amiga, y los contactos y conversaciones que tenía, y ello habría llevado a una presión de varios meses para que L. se acostase con el funcionario Osvaldo Oyhenart, "que le tiraba onda", y lo grabase. Había sospechas de traición. Finalmente, un día de noviembre del año pasado y camino a un hotel alojamiento, el funcionario fue grabado y ese audio aterrizó siete meses después en la justicia. Lo aportó la propia empleada en una denuncia que se abrió en distintos expedientes: coacción, amenazas, y presuntos delitos de índole sexual.
El "apriete"
En algún momento entre fines del año pasado y principios de este año, los funcionarios y funcionarias habrían perdido el control de la relación con ambas chicas, que ya estaban advirtiendo que harían denuncias por el abuso y por la grabación. Ello generó un estado de nervios, al punto que otra funcionaria, Patricia Riveros, directora de Relaciones con la Comunidad y Adultos Mayores, habría comenzado a exigirles el audio de la grabación del hombre identificado como Oyhenart. Las conversaciones para la entrega de material habrían sido muy "pesadas" y de varios días. Ambas mujeres buscaban seguridad, mantener sus puestos de trabajo, y paz.
La entrega del audio finalmente habría ocurrido -siempre según las denunciantes- en casa de Riveros, en un episodio que pudo haber incluido manipulación de armas y "comparaciones" poco felices con el Caso María Soledad, aquel crimen de la adolescente catamarqueña que en 1992 sacudió la opinión pública argentina. "Transmitile a Janina que queremos paz..." habrían pedido las empleadas a Riveros, de acuerdo a la denuncia que por este episodio en particular investiga el fiscal Juan Ticheli.
Presionadas, amenazas, perseguidas dentro y fuera de la Municipalidad, M. y L. decidieron el Domingo de Pascuas de este año llamar a la línea 144 y hacer una denuncia. Las escucharon y las citaron 48 horas después a una oficina en la que funciona un programa llamado "Acercando Derechos", que depende del gobierno nacional. La primera repercusión habría sido que en la municipalidad se enteraron de la "excursión". Luego, ambas empleadas habrían sido convocadas por una escribana llamada "Daniela" a una reunión, un viernes, para firmar dos papeles. Uno habría sido para garantizar la "continuidad de trabajo", y el otro, habría resultado una especie de acuerdo de confidencialidad, o más bien, una suerte de bozal legal para que no hablasen de funcionarios ni de hechos ocurridos en la municipalidad. Este "acuerdo" se habría firmado en una de las oficinas importantes de la municipalidad. Las personas que según la denuncia habrían estado allí -además de M. y L. por separado- serían la escribana "Daniela", una mujer que se habría identificado como "la abogada de Janina", y la propia secretaria de gobierno Janina Ortiz en algún pasaje de estas reuniones. Antes de entrar, a las empleadas las habrían registrado y retirado celulares y carteras. "Nos cachearon como si fuese la policía... entré vacía..." dijo una de ellas. Se ve que es una práctica en determinados ámbitos. En la denuncia por abuso sexual que derivó en la imputación de Franco Cortez el viernes, la víctima relató que el propio Cortez les retiró los celulares a todos, empleados y funcionarios, aquella tarde-noche del 8 de julio de 2020 en el Centro Integrador Comunitario. "Lo que pasa en el CIC queda en el CIC" les habría explicado mientras guardaba los móviles en una lata.
Las empleadas que estaban ya en la picota no habrían recibido copia de lo que firmaron. Sin embargo, hay un registro confidencial al que tuvimos acceso, que probaría la existencia de este evento particular. El episodio del "acuerdo" es investigado por el fiscal Gabriel Blanco, y es la denuncia por coacción que planteó L., la empleada que grabó a un funcionario y lo identificó en la justicia. Un audio en el que se explica cómo meter gente a la municipalidad y cobrar sin trabajar con papeles fraudulentos a través de cooperativas.
[Audio resumido, que dio origen a la investigación de Mendoza Post]
La explosión
El resto de la historia es reciente y conocida. El audio de 26 minutos empezó a circular entre políticos y periodistas. Mendoza Post inició una investigación, poniendo la lupa sobre el caso de las cooperativas relacionadas a funcionarios, cuya operatoria estaba relatada en el audio. El trabajo llevó semanas. En el medio, la empleada que grabó al funcionario y la que denunció abuso sexual decidieron ir a la justicia. Fueron empujadas por la falta de contención, las amenazas que dijeron haber recibido, los intentos de desacreditarlas, y porque un fragmento de aquel audio inicial de poco más de seis minutos se estaba viralizando. Así, fueron al Ministerio Público Fiscal y contaron todo, agregando una nueva catarata de expedientes judiciales producto de sus relatos. Las dos actuaron como denunciantes y ya declararon como testigos en las dos causas "iniciales", coacción y amenazas, y el abuso sexual. Ello ocurrió entre el jueves 8 y el viernes 9 de junio. El domingo ocurrieron las elecciones PASO provinciales. El miércoles 14 de junio, Mendoza Post publicó la investigación, por la que el fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore inició una causa de oficio. El viernes 16 allanó la municipalidad y los domicilios del subsecretario de políticas sociales del municipio Osvaldo Oyhenart -que permanece en su cargo- y de su yerno Juan Pablo Pandolfi. El martes 20, un desconocido agredió en la calle Matienzo de Guaymallén a Janina Ortiz. Ese caso despertó dudas por los testimonios contradictorios entre las funcionarias y una vecina que vio todo, y las pruebas recolectadas hasta ahora.
Tomando como primer eslabón de esta parte de la saga el abuso sexual denunciado por M. e investigado por el fiscal Martín Lucero (que ya imputó al ex funcionario Franco Cortez), hay que agregar un caso por el episodio de la entrega del audio, investigado por Juan Ticheli; y un expediente por coacción a L. que está en la fiscalía de Gabriel Blanco. Además hay otro caso por la supuesta oferta de trabajo municipal a cambio de favores sexuales, desprendida de la denuncia de L.
Antes que estas causas, hay una iniciada por una denuncia de Janina Ortiz contra un empleado llamado Nelson "Taperola" Montenegro, que ya está imputado por un audio amenazante que habría enviado al intendente Orozco, y existen otras dos denuncias cruzadas por enriquecimiento ilícito. Una contra Janina Ortiz y otra contra Francisco Lo Presti, el candidato a intendente de Cambia Mendoza.
Quedan siete días "judiciales" antes de la feria de invierno que arranca el lunes 10 de julio. Hoy miércoles, está citada a declarar Janina Ortiz por la agresión de la que fue objeto el martes pasado. Entre todos los expedientes, este caso y el de abuso sexual, son los que podrían dar mayores novedades antes de las vacaciones de invierno.
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