En su informe anual, la ONG cuestionó las propuestas para reformar el Poder Judicial, entre otras cosas.
Lapidario informe de Human Rights Watch contra el Gobierno argentino
La ONG Human Right Watch, que investiga y defiende los Derechos Humanos alrededor del mundo, publicó su informe anual y cuestionó seriamente al Gobierno de Alberto Fernández.
El informe critica la "retórica hostil" contra la prensa y advierte por la independencia del Poder Judicial y la impunidad por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
En su introducción, el documento señala que en Argentina "algunas de las reformas propuestas al sistema judicial y al Ministerio Público suponen un riesgo para la independencia de estas instituciones".
HRW también hizo referencia a la libertad de expresión: "Han empleado una retórica hostil contra la prensa independiente, acusándola de propagar noticias falsas al informar sobre temas de interés público, incluyendo las irregularidades en la distribución de vacunas contra el Covid".
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También cita el caso de Gildo Insfrán en Formosa, uno de los más polémicos de la pandemia: "En el norte del país emplearon medidas abusivas e insalubres para evitar la propagación del coronavirus, incluyendo el confinamiento de personas en centros de ‘aislamiento' y ‘cuarentena' en circunstancias que constituyeron detenciones arbitrarias".
Y agrega: "Habrían usado fuerza excesiva contra las personas que protestaron por las restricciones excesivas por el COVID-19, y detuvieron y procesaron penalmente a algunas de ellas".
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Respecto del atentado de la AMIA, y en la semana en la que uno de los acusados estuvo presente en Nicaragua, Human Rights Watch advirtió que "a 27 años del hecho, aún no hay condenados".
Abusos de la policía
Human Rights Watch apunta contra el funcionamiento corrupto del sistema carcelario y los abusos de las fuerzas de seguridad, indicando que "la Oficina Nacional Penitenciaria reportó 176 presuntos casos de tortura o malos tratos en prisiones federales en 2020 y 77 de enero a junio de 2021", mientras que la Procuraduría General de la República informó sobre 16 muertes violentas de presos en cárceles federales durante el 2020.
Además, cita al Gobierno al recordar que "casi la mitad de los 11.290 detenidos en prisiones federales no han sido condenados por ningún delito" y aún se encuentran a la espera de un juicio.
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En contraste, critica la política de liberación de presos durante la pandemia debido a las condiciones de las cárceles y su dificultad para evitar la propagación del covid-19 dentro de estas, dejando en libertad condicional a un centenar de condenados y sin "ninguna reforma significativa para abordar la prisión preventiva" a la vista al día de la fecha.
Política exterior
El foco estuvo puesto en la negociación con el FMI para financiar la deuda. La presión de este entendimiento se da en el marco de "una profunda crisis económica anterior a la pandemia, que esta empeoró". El informe recalca que esta crisis impacta principalmente sobre los sectores más vulnerables del país, con un 40% de los individuos viviendo bajo la línea de pobreza, según el INDEC.