Un juez federal rechazó intervenir en el caso de la violenta protesta, luego de que una jueza provincial también se negara a intervenir. Ahora será el máximo tribunal del país quien decida.
La Corte Suprema definirá qué fuero investiga a los antimineros de Uspallata
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver un conflicto de competencia judicial surgido en Mendoza, tras los graves incidentes ocurridos el pasado 24 de enero en Uspallata durante la inauguración de una oficina vinculada al sector minero. Un grupo de manifestantes "ambientalistas" protagonizó una protesta violenta que terminó con un incendio, personas heridas y presuntas amenazas de muerte.
El caso generó una disputa entre la justicia provincial y federal sobre cuál de los dos fueros debe continuar con la investigación. En las últimas horas, el Juzgado Federal con funciones de Garantías N°2 de Mendoza resolvió rechazar su intervención, argumentando que no están en juego intereses federales y que se trata de un conflicto entre particulares. Por lo tanto, remitió las actuaciones a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
La causa llegó al fuero federal luego de que la jueza provincial Claudia Tula, del Juzgado Penal Colegiado N°2, se declarara incompetente y sostuviera que los delitos en cuestión -por su naturaleza y por estar presuntamente relacionados con agrupaciones organizadas para imponer ideas por la fuerza- correspondían a la justicia federal, conforme al artículo 213 bis del Código Penal y el artículo 11 de la Ley 27.146.
Sin embargo, la Fiscal Federal Subrogante María Cecilia Elmelaj se opuso a esa interpretación y solicitó que el expediente no sea tramitado en el fuero federal. El juez federal de garantías coincidió con ese criterio y sostuvo que la competencia federal es de carácter excepcional, y que en este caso los hechos denunciados no afectaron el orden nacional ni la seguridad del Estado.
"El conflicto suscitado ha encontrado motivación en intereses estrictamente particulares", expresó el juez, quien resolvió no aceptar la competencia federal y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima el conflicto.
Los 5 investigados
Los hechos investigados tuvieron lugar el 24 de enero, cuando se llevaba a cabo la inauguración de la sede de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Entre los presentes había autoridades políticas provinciales y municipales, y de la cámara en cuestión: entre ellas Edgardo Vera, presidente de la Cámara.
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En ese contexto, un grupo de unas 70 personas, algunas identificadas como integrantes o adherentes de la Asamblea de Vecinos de Uspallata, irrumpió en el acto con una protesta. Según consta en la causa, se registraron agresiones físicas, insultos, lanzamiento de piedras y amenazas.
Uno de los manifestantes, Miguel Pablo González (alias "El Mostro"), habría arrojado un bidón con líquido inflamable que prendió fuego parte del comercio lindero, provocando lesiones leves en Segundo Vera (hermano de Edgardo) y su nieto de 8 años.
Activistas antimineros quisieron vandalizar ayer el local de un comerciante en Uspallata, Mendoza, en ocasión de la inauguración de una cámara local de proveedores mineros. Los ataques a una actividad que genera mucho valor con un consumo de agua razonable son lamentables. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%u26CF%uFE0F pic.twitter.com/DkY11wEyy1
— Nicolás Deza (@NicolasDeza) January 25, 2025
Además, Mauricio Iván Cornejo y Federico Soria Stravatto fueron señalados por presuntamente haber amenazado de muerte a Edgardo Vera, tanto en días previos como durante el mismo evento. "Te dijimos que te fueras del pueblo, te vamos a matar", habrían sido sus palabras, según consta en el expediente judicial.
También están acusados Mariana Leticia González y Marcelo Daniel Molina Correa, identificados como participantes activos de la protesta violenta.
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