La Suprema Corte desestimó los recursos de casación e inconstitucionalidad presentados por la abogada de Janina Ortiz. Qué podría pasar en los próximos días.
¿Ahora sí la imputarán?: la Corte rechazó los planteos de Janina Ortiz
La Suprema Corte de Justicia ordenó desestimar los recursos de casación e inconstitucionalidad interpuestos por la suspendida diputada Janina Ortiz, contra el avoque de imputación en las causas por fraude ("cooperativa fantasma") y coacción agravada.
Así lo resolvieron los tres jueces "supremos" que analizaron los recursos: José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro. En términos generales, argumentaron que no "no proceden formalmente" porque la resolución cuestionada "no es una sentencia definitiva". Y también rechazaron "sustancialmente" al no aportar pruebas que justifique una revisión.
Con esta decisión de la Corte, el Ministerio Público Fiscal podría finalmente notificarle a Ortiz ambas imputaciones, después de cinco meses en los que la abogada defensora, Elena Quintero, fue presentando sucesivos recursos de nulidad para evitarlo.
Valerio, Palermo y Adaro, los jueces que resolvieron.
Si bien en la resolución de los jueces se deja constancia de la "reserva federal del caso" efectuada por la defensa, esto no eximiría a Ortiz de ser notificada de las imputaciones pendientes; es decir que una vez que los fiscales que la investigan la citen, ella estaría obligada a concurrir, tal como lo hizo su marido, Daniel Orozco, ya imputado por fraude.
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Uno de los avoques de imputación contra Ortiz es por "fraude a la administración pública", firmado en su momento por el fiscal Flavio D'Amore (ahora la causa está a cargo de Juan Tichelli). Allí, se acusa a la exsecretaria de Gobierno de Las Heras, junto a otros funcionarios y allegados, de haber usado una "cooperativa fantasma", llamada Manos a la Obra, para quedarse con casi 200.000 dólares de la municipalidad.
Por otra parte, Ortiz debería ser imputada por "coacción agravada" por presuntamente haber amenazado a una empleada municipal para tener relaciones sexuales con un funcionario y grabarlo y, de esa manera, tener control sobre él. La fiscalía también investiga a una colaboradora de Ortiz, Patricia Rivero, quien habría amenazado con un arma de fuego a la denunciante para que entregara en audio en cuestión.
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