El proyecto de ingreso complementario está liderado por la senadora Juliana Di Tullio y respaldado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Senadores K trabajan en un proyecto de Salario Básico Universal
Con la propuesta del Salario Básico Universal en el centro de las pujas entre los movimientos sociales oficialistas y el "ala fiscalista" del Gobierno, desde el kirchnerismo duro ya están trabajando en una iniciativa propia con rasgos similares aunque de alcance más restringido.
Concretamente, la titular del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, inició esta semana una ronda de consultas respecto a su primer boceto del proyecto de Ingreso Complementario.
Las declaraciones recientes de Cristina Kirchner respaldando la idea de expandir el sistema de seguridad social con una cobertura universal para adultos en edad laboral (entre 18 y 64 años), sin ingresos formales, fue determinante en este sentido.
El concepto de "Salario", que impulsa el Frente Patria Grande de Juan Grabois, hacía ruido en la mayoría de las organizaciones sociales y también en el kirchnerismo porque interpretan que de ninguna manera una asignación equivalente a la canasta básica de un adulto (14.400 pesos a valores actuales) puede considerarse sustituto de una remuneración salarial.
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Es, en todo caso, un complemento de otros ingresos que necesariamente los beneficiarios deben conseguir para satisfacer sus necesidades básicas.
A lo sumo, se plantea como un refuerzo que alcanzaría para evitar la indigencia, pero no suple la remuneración de un trabajo.
Un salario, por definición, obliga a una contraprestación laboral y no es precisamente ese el eje de la propuesta del proyecto presentado por el diputado del Frente de Todos Itai Hagman, quien responde a Grabois.
Esta iniciativa ingresada semanas atrás en la Cámara baja se funda en la premisa de que la inmensa mayoría de las personas que serían beneficiarias de este nuevo derecho ya trabaja en actividades no registradas, ganando apenas lo elemental para la subsistencia diaria, y sin gozar de los derechos consagrados para los trabajadores formales como obra social, vacaciones, aguinaldo, licencias y aportes a la seguridad social.
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Por eso, un refuerzo de ingresos que sea universal contribuiría a garantizar un piso mínimo de recursos económicos.
Mientras que el proyecto de Hagman apunta en principio a un universo de 7,5 millones de personas sin ingresos formales, la propuesta de Di Tullio no sería tan abarcativa ya que solamente se destinaría a familias de cuatro miembros o más que no alcancen a cubrir la canasta alimentaria. Por ahora, sin embargo, no hay mayores precisiones y la iniciativa se maneja con cautela y hermetismo.
Días atrás, el equipo técnico de la senadora kirchernista, quien preside la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, se reunió con Hagman para intentar llegar a puntos de acuerdo y empujar todos juntos una iniciativa común.
Mientras tanto, organizaciones sociales como la UTEP y el Frente Popular Darío Santillán, que amenazan con despegarse del Gobierno de Alberto Fernández por serias discrepancias con las metas acordadas con el FMI, saldrán a la calle este miércoles con el proyecto de Salario Básico Universal como reclamo de cabecera.
En medio de un clima de agitación, se unirán a las organizaciones piqueteras de izquierda en protestas que prometen un escenario de caos en el centro porteño.
Estas organizaciones sociales de izquierda, como el Polo Obrero, no están de acuerdo con la idea del Salario Básico Universal, y piden un seguro de desempleo por un monto mucho mayor. Creen que un Salario Universal supondría naturalizar la precariedad del trabajo y postergar la lucha contra las causas que originan la pobreza y la falta de empleo formalizado.
Desde las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP, en cambio, valoran que el SBU se trate del reconocimiento de un nuevo derecho que apunta a eliminar la indigencia. También ponderan que se trata de una política social que al igual que la Asignación Universal por Hijo se mantendrá independientemente de los cambios en el Gobierno.
Por último, argumentan que reconoce el valor de las tareas de cuidado, realizadas principalmente por mujeres. En el Movimiento Evita hay posiciones divididas.
El diputado nacional Leonardo Grosso estuvo en la presentación del proyecto de Hagman, pero hay sectores de la organización liderada por Emilio Pérsico que coinciden más con la mirada del Polo Obrero. Creen que hay que expandir las fronteras del trabajo registrado y como medida de emergencia para "el mientras tanto" reeditar los IFE.
La presión del ala izquierda del kirchnerismo choca contra la negativa del Gobierno a abordar una iniciativa de esas características en el actual contexto de crisis aguda. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había prácticamente clausurado el debate el 7 de julio pasado cuando dijo que no cerraban las cuentas y que el país no estaba en condiciones económicas de financiar una política social de ese calibre.
No obstante, la misma protagonista abrió una pequeña hendija de esperanza para los movimientos sociales oficialistas cuando al ser consultada al respecto contestó que "nada está descartado en relación al salario universal".
"Hay que tener flexibilidad e imaginación en este momento para que las cosas mejoren", agregó, enigmática, la vocera del Gobierno.
Al día siguiente de los primeros anuncios económicos de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, en la que hubieron guiños únicamente al mercado, la Ciudad de Buenos Aires amaneció con afiches que pedían por el Salario Básico Universal, con una leyenda que interpelaba al elenco gobernante: "¿Le negarías a alguien el derecho a comer?".
En la última sesión, diputados del Frente Patria Grande pero también otros oficialistas como la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, colocaron sobre sus bancas un cartel que rezaba: "Salario Básico Universal. ¡Ya!".
Al margen de las dudas en el Gobierno, la oposición de Juntos por el Cambio adelantó a través de varios de sus exponentes el rechazo a los proyectos de salario o ingreso universal. En el caso de que el tema sea abordado por el Congreso, el oficialismo deberá inevitablemente tender puentes son sectores minoritarios de la oposición. La posibilidad de que la medida salga por decreto hoy por hoy no tiene peso.