Una medida cautelar declaró inconstitucional el DNU que había catalogado de esa forma a los servicios de comuncación. Enacom ya fue notificado.
La Justicia frenó a las telecomunicaciones como "servicio esencial"
La Justicia notificó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de una resolución que restablece la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus precios y declara inconstitucional su declaración como servicios públicos.
La medida cautelar, iniciada por un representante de la industria de la TV por cable de la provincia de Córdoba, determina la suspensión de los decretos 690 y 311, y de todo acto dictado como consecuencia de dichas normas, informó este martes la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Según la entidad, el fallo ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom "abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva".
De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, el organismo regulador no se encuentra facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU 690 ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de un modo general, alcanzando a todos los operadores TIC de la Argentina, explicó la agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había declarado a las telecomunicaciones como "servicio esencial".
Según el fallo, de la prueba aportada surge que la imposibilidad de fijar los precios libremente establecida por el Decreto 690 -que declaró servicios públicos a las TICs, incluyendo a la TV por cable- "impide a las empresas poder recuperar las inversiones realizadas y continuar prestando sus servicios tal como hacen hoy".
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"La situación de nuestra industria empeoró con el dictado de la Resolución 1466 de diciembre último, que únicamente autorizó un aumento de entre el 5 y el 8%", advirtieron desde la ATVC.
Indicaron que "ello resulta absolutamente irrazonable e insuficiente en tanto la inflación oficial del año pasado fue del 36% según el INDEC y nuestros precios están congelados desde hace más de un año".
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"En ningún país del mundo los servicios TIC tienen una regulación con estos alcances ni un régimen de precios general intervenido por el Estado", se quejó la asociación empresarial en un comunicado.
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