Es por un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS. El ministerio de Sandra Pettovello debe informar en 48 horas cómo hará llegar los alimentos acopiados a los comedores.
Ultimátum judicial para que el Gobierno detalle cómo entregará los alimentos
El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso este lunes que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores.
"Toda vez que la resolucion dictada el 12/07/24 ha quedado firme, intimese al Estado Nacional (Ministerio de Capital Humano) a acreditar -en forma documentada y dentro del plazo de 48 horas- haber dado cumplimiento con lo ordenado en el punto 2) de dicha resolucion", sostuvo el reciente fallo.
La resolución se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores.
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Ese magistrado pidió además que "el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes".
"Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras", agregó.
Uno de los galpones con alimentos sin entregar por Sandra Pettovello.
La causa comenzó desde principio de este año, cuando las organizaciones habían reclamado que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales.
A raíz de esto, se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.