Entró en cuarto intermedio el juicio contra el juez federal, Walter Bento. Está acusado de liderar una supuesta asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de favores. Hay una treintena de imputados entre el magistrado, su familia, presuntos narcos y abogados.
Los acusados en el juicio a Bento ocupan tres cuartos de la sala
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza juzga al suspendido juez federal Walter Bento, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que requería dinero a cambio de favores en las causas que instruía.
En el debate, la presidenta del Tribunal dice: "Viene a muy buen ritmo la lectura de la acusación. Si seguimos así terminaremos en seis jornadas". Es decir esta primera etapa del juicio terminará en la mitad de agosto. A las 12:30 del mediodía anunciaron que entraban en cuarto intermedio.
Entre las 32 personas sentadas en el banquillo, se encuentran la esposa y dos hijos del magistrado, acusados también de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, según consignaron fuentes de la Procuración General de la Nación.
En total, la cantidad de acusados que tiene la causa ocupa el 75% de la sala en la que se lleva adelante el debate. Cabe destacar que en ese mismo recinto es donde se juzgó al excamarista federal, Otilio Romano, condenado por delitos de lesa humanidad, quién falleció en marzo de este año.
El debate ya tiene también fijadas audiencias para mañana y para el viernes, durante toda la jornada. Está previsto que el juicio tenga tres audiencias semanales cada quince días.
El juez Walter Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto "mal desempeño" de sus funciones.
Ver: Comenzó el juicio al juez Bento y otras 35 personas: las acusaciones
Hasta el momento, la fecha de inicio del jury de enjuiciamento no fue establecida.
A nivel judicial, la investigación que ahora llega a la instancia de juicio oral demostró "la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento".
En ese sentido, la acusación del Ministerio Público Fiscal indicó que esta asociación ilícita, liderada por Bento, tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba.
Además figuraban como miembros los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
En su requerimiento acusatorio, la Fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador.
La extorsión consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares estadounidenses, o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles- como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.
Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o, como se ha establecido en la mayoría de los casos, con el dictado de falta de mérito o una recalificación de la situación legal.
La fiscalía sostuvo que la investigación permitió demostrar "la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el juez Bento".
Esta investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento, quien