Los jueces de cámara fueron a la justicia internacional para demandar al Estado por considerar que fueron removidos de sus cargos por "una venganza política".
Bruglia y Bertuzzi denunciaron a la Argentina ante la CIDH
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que fueron desplazados de sus cargos de la Cámara Federal para ejecutar una "venganza" del poder político.
Y "pidieron como medida cautelar que el organismo internacional suspenda el concurso abierto para ocupar sus vacantes hasta que se expida" según consigna la crónica de La Nación. En la presentación conjunta escrita en 116 carillas habla de un caso de 'gravedad institucional'".
"Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado Argentino para desalojarnos en forma expedita de los cargos que detentábamos", se destaca del texto que ahora está en la sede de órgano de investigación de la OEA.
La Corte de la Nación definió que los camaristas sigan en sus cargos
La CIDH oficia de fiscal en los juicios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los magistrados argentinos ofendidos plantean en los organismos de la justicia internacional que "fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad" y eso permitió violar la inamovilidad y estabilidad en sus cargos.
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En la denuncia los jueces hacen un relato que se inicia en agosto de 2019 y señalan de un plan pergeñado para llegar al desplazamiento de ellos.
Los jueces llegaron a la Cámara Federal por designación del anterior gobierno de Mauricio Macri y son los encargados de ratificar o revocar el procesamiento de los imputados en la causa "Cuadernos" donde la actual vicepresidenta Cristina Fernández es sindicada como la jefa de una asociación ilícita para obtener coimas de las licitaciones de la obra pública.