La ex ministra se negó a responder preguntas del juez Sebastián Ramos, presentó un escrito y pidió su sobreseimiento.
Acusan a Bullrich de filtrar las fotos de Boudou siendo detenido
La ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, descargó en la Prefectura Naval la responsabilidad por la filtración de las fotos de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de la denominada "Causa Ciccone", en 2017.
Bullrich declaró como imputada ante el juez federal Sebastián Ramos, se negó a responder preguntas y presentó un escrito, acompañada de su abogado, Julián Curi.
"El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia", señaló Bullrich en el escrito.
Boudou fue detenido el 3 de noviembre de 2017 en el departamento en el que vivía con su familia en Puerto Madero por efectivos de la Prefectura Naval, por orden del juez federal Ariel Lijo.
La indagatoria a Bullrich vía Zoom.
"Niego haber impartido de forma personal algún tipo de directiva específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención del licenciado Boudou, tanto antes, durante o con posterioridad a la realización del procedimiento", afirmó la ex ministra.
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"Desde el Ministerio de Seguridad se impartieron las directivas generales respecto del accionar de la fuerza, tal como se ordena seguir en todos los procedimientos de iguales características", añadió.
Boudou detenido.
Bullrich sostuvo que por el paso del tiempo había situaciones que no recordaba con precisión, pero aclaró: "aún en el caso de que efectivamente me hayan enviado registros del procedimiento, tampoco puedo confirmar si se trató de aquellos publicados por la prensa en la mañana del 3 de noviembre de 2017".
"En cualquier caso, reitero y reafirmo puntualmente que no tuve participación alguna en la comisión delos hechos que se me imputan", resumió.
El juez Ramos dispone ahora de diez días hábiles para resolver la situación procesal de la ex ministra.
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