En Cambia Mendoza afirman que la secretaria de Gobierno de Las Heras quiere ocupar la banca sólo para mantener los fueros. Intentarían impedir su juramento.
Los 24 diputados que definirían el destino de Janina Ortiz
Si no fuese por recursos dilatorios que presentó su abogada y por la inmunidad parlamentaria que adquirió al ser diputada electa, la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, ya estaría formalmente imputada en dos causas graves: según los fiscales, hay pruebas suficientes para acusarla de haber coaccionado a una empleada municipal para que tuviese relaciones sexuales con un funcionario y grabarlo, y de cometer fraude a través de una "cooperativa fantasma". En este escenario, desde el oficialismo amagan con aplicar una figura para que la esposa de Daniel Orozco no asuma en la Legislatura: la presunta "inhabilidad moral".
A sabiendas de esto, Ortiz convocó esta semana a una conferencia de prensa en la que habló aproximadamente una hora. Cuestionó a los diputados que estarían promoviendo que no asuma, negó que vaya a renunciar a ese eventual cargo y terminó dando explicaciones de su inocencia de una manera poco convencional: difundió parte del audio de Osvaldo Oyhenart, aún subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, en el que el funcionario dice "tengo un as en la manga que Janina no controla". Pero también dijo una frase que terminó generando mayor malestar entre algunos diputados radicales que consideran que no debe ocupar una banca.
En un momento de la conferencia de prensa, Ortiz dijo que ya se había presentado a declarar ante el fiscal Flavio D'Amore en la causa "cooperativa fantasma", y que no estaba imputada por su "condición", refiriéndose a los fueros parlamentarios que se adquieren al momento de ser elegida para el cargo. "Todavía no asume y ya juega con el tema fueros", se quejó uno de los diputados actuales de Cambia Mendoza, y varios fueron los que reflotaron la posibilidad de que no sólo se demore el juramento como diputada por las causas judiciales, sino que directamente no asuma.
Janina Ortiz, en conferencia de prensa, el miércoles.
Ante esta situación, desde algunas oficinas de diputados radicales consultaron a asesores sobre qué herramientas tendría la Cámara para impedir el ingreso de Ortiz, y surgió el argumento de la "inhabilidad moral". Si bien son caminos distintos, sería la misma figura que se usó en 2017 para el primer pedido de desafuero contra el diputado nacional Julio De Vido, el cual fue rechazado (De Vido se iría de la Cámara tras un segundo pedido de desafuero solicitado por la Justicia).
Los 24 diputados que podrían definir el futuro de Ortiz
Para este virtual escenario entraría en juego la Comisión de Poderes y Reglamento, cuyos integrantes (5 diputados) son los encargados de analizar los pliegos de antecedentes de los legisladores electos, remitidos por la Junta Electoral. Eventualmente, ante un pedido de un tercero, esta comisión podría emitir un despacho planteando que Ortiz no debería asumir por "inhabilidad moral".
En el caso de que finalmente esto ocurra, el despacho con la presunta "inhabilidad moral" de Ortiz debería ser votado en una sesión preparatoria, que se realizará el 23 de noviembre y que contará con la mitad de integrantes de la Cámara: los que tienen mandato entre 2022 y 2026. Si la mitad más uno de los presentes considera que la esposa de Orozco no debe asumir, será suficiente para impedir su juramento.
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La Constitución de Mendoza menciona la "inhabilidad moral" como impedimento para ser legislador, pero no define ni precisa qué causas motivarían esa figura. Ante eso, los que promueven que Ortiz no asuma argumentan que las actitudes que ha tenido demuestran que el objetivo de ocupar una banca no sería representar los intereses de los habitantes del Primer Distrito, sino garantizar su inmunidad de arresto, además de hacer hincapié en la gravedad de los delitos por los que se la investiga.
En todo caso, si esta postura fuese asumida por todo el bloque de Cambia Mendoza, estarían en condiciones de impedir el juramento de Ortiz: de los 24 diputados que sesionarán el 23 de noviembre, 14 serán del bloque oficialista.
Janina Ortiz fue expulsada esta semana de la UCR.
Si la Comisión de Poderes emite un despacho contra Ortiz, los 24 diputados que deberán votarlo serán Cecilia Rodríguez, Jorge López, Mauricio Di Césare, Evelin Pérez, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Diego Costarelli, Flavia Dalmau, Gisela Valdez, José Vilches, Enrique Thomas, Guillermo Mosso y Mauricio Torres (Cambia Mendoza); Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche (La Unión Mendocina); Emanuel Fugazzotto (Partido Verde); José Luis Ramón, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Julio Villafañe, Omar Félix y Nilda Escudero (Frente de Todos).
Un dato a tener en cuenta es que -siempre bajo la premisa de que avance un pedido de inhabilitación contra Ortiz- Andrés Lombardi no formaría parte de esa sesión en la que se votaría la suerte de la investigada funcionaria lasherina, ya que el dirigente radical no está entre los legisladores con mandato 2022-2026. Por lo tanto, la presidencia de la Cámara de Diputados ese día quedaría a cargo del legislador de mayor edad: el oficialista Enrique Thomas.
De qué se acusa a Janina Ortiz
El poder de Janina Ortiz en la Municipalidad de Las Heras fue aumentando de forma abrupta especialmente a partir de 2019, cuando fue designada secretaria de Gobierno. Previamente, fue su actual esposo, Daniel Orozco, quien la metió en la comuna en su primer periodo de gobierno, junto con una amiga. Dato de color: las asignó a Francisco Lo Presti y Fabián "Oso" Tello.
Ya empoderada, Ortiz fue muy celosa de todo lo que ocurría en la comuna. Es más: armó desde la Secretaría de Gobierno una especie de "gabinete paralelo", con equipo de prensa propio, secretarios, etc. A partir de allí, sin mencionar públicamente que eran pareja, Orozco comenzó a posicionarla como la "sucesora natural" para 2023-2027, lo que empezaba a molestar al resto. Recién a fines de 2022, comienzos de 2023, el intendente habló de "mi pareja" y hasta de la "madre de mi hija".
Esa obsesión de Ortiz por controlar todo lo que ocurría en el municipio -contado por funcionarios que la frecuentaban- sería el motivo que la habría llevado a presuntamente cometer uno de los graves delitos que se le imputa: coacción agravada. Según el fiscal Gabriel Blanco, hay pruebas para acusar a la secretaria de Gobierno de Las Heras de obligar a una empleada municipal a acostarse con un funcionario para poder grabar todo lo que decía. Además, la denunciante afirmó que Patricia Rivero, funcionaria de Ortiz, le exigió la entrega del audio amenazándola con un arma de fuego.
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Ese es el famoso audio en el que se escucha a Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales de Las Heras, auto-incriminarse en un fraude a través de una "cooperativa fantasma" que dio origen a una investigación de Mendoza Post y una posterior causa judicial en la que terminarían acusados Orozco, Ortiz y otros funcionarios de "fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel".
Esa cooperativa, "Manos a la Obra", facturó al municipio más de 30 millones de pesos y la Fiscalía tiene serios indicios de que podría haber fraude porque los presuntos servicios no se habrían certificado correctamente o, directamente, no se habrían prestado.
Por su parte, el Instituto Nacional de Asociativismos y Economía Social (INAES), un órgano del gobierno nacional encargado de controlar a las cooperativas del país, envió inspectores profesionales a Mendoza que informaron que no les había resultado posible detectar siquiera la existencia de Manos a la Obra, y mucho menos las actividades que cumpliría. De allí surgió el apodo de "cooperativa fantasma".
Oyhenart y Ortiz.
El fiscal consideró que Ortiz tuvo un rol central en este "proceso licitatorio claramente direccionado" hacia la cooperativa fantasma al integrar la comisión de pre-adjudicación. También destacó que más allá de las falencias del proceso, "Janina Ortiz suscribió y certificó parte de esas planillas y facturas presentadas con el fin de proceder al pago".
Sin antecedentes
Al oficialismo le será difícil justificar la aplicación de la "inhabilidad moral" a Ortiz porque, más allá de la gravedad de las acusaciones contra la funcionaria de Las Heras y sus chicanas judiciales para ganar tiempo, no hay antecedentes en lo inmediato de impedir el juramento de un legislador electo. Es más, podría decirse todo lo contrario.
En este punto, cuando en 2015 algunos funcionarios de Francisco Pérez ganaron una banca en la Legislatura, no hubo ningún pedido de inhabilitación, ni siquiera contra aquellos que ya habían sido imputados por la Justicia, como Juan Gantus: asumió como senador luego de haber sido imputado por "negociaciones incompatibles con la función pública", ya que como ministro de Hacienda habría direccionado pagos.
El exsenador Juan Gantus (centro).
De todos modos, en el bloque radical insisten en que están dispuestos a solicitar la "inhabilitación moral" de Ortiz; al menos esa es la respuesta inmediata cuando se los consulta. Ahora, restará saber si, tal como plantean, usarán ese recurso o más bien es una amenaza para que la propia diputada electa termine renunciando.
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