El fin era el de poder sufragar en las elecciones de 2015. El exintendente de esa localidad, está acusado de otorgar ilícitamente licencias municipales de conducir a cambio de la promesa de recibir votos.
Imputaron a mendocinos por cambios de domicilios truchos en San Luis
En los últimos días, el Juzgado Federal de San Luis ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de treinta personas por delitos electorales con intervención de funcionarios públicos ocurridos en la localidad de Arizona, del departamento de Gobernador Dupuy, en el sur de la provincia de San Luis.
La causa se inició con una denuncia efectuada en septiembre de 2015, donde se puso en conocimiento que en ese distrito, existían personas que podían votar en los comicios pero que no tenía domicilio en el lugar. De acuerdo a la presentación, realizaban el trámite ante el Registro Civil y Capacidad de las personas, simulando residir en esa localidad, cuando en realidad lo hacían en otros municipios y/o distritos electorales. El exintendente de la localidad, acusado de otorgar ilícitamente licencias municipales de conducir a los electores espurios a cambio de la promesa de recibir sus votos.
El fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid habló con el programa "Tenés que saberlo", por Radio Jornada 91.9 de Mendoza y destacó que la maniobra es más que frecuente. "De hecho, con posterioridad a este caso y a otros tantos que hemos tenido, hay un sistema preventivo que ante ciertos indicios bloquea los cambios de domicilio que impactan en el padrón para evitar que haya afectación de la voluntad popular. El año pasado hemos tenido en varios pueblos del interior este tipo de procedimiento", dijo.
"La particularidad de este caso es que pudimos exponer todos los eslabones de la cadena criminal que hay detrás, porque para hacer un cambio de domicilio, hace falta un encargado de registro civil que mire para otro lado, un intendente que incentive el cambio de domicilio pagando de alguna forma. En este caso, a partir de darle a los ciudadanos licencias habilitantes para conducir con categoría profesional, no la común. Y a su vez, hacen falta testigos falsos que vivieran en el mismo pueblo que oficiaran como tales en los certificados de residencia, diciendo que tal o cual ciudadano vivía en el pueblo cuando no era así", explicó.
Cristian Rachid
Actualmente se encuentran procesados por el caso: el exintendente de la localidad, la encargada del Registro Civil, 5 policías de la provincia de San Luis, electores falsos y testigos. Además, los principales imputados en el rol de electores que denunciaron domicilio falso son de La Pampa y Mendoza y en menor medida Córdoba. También hay algunos casos de residentes de San Luis pero en otro circuito electoral.
"Lo importante es el daño que puede hacer esto de tergiversar la voluntad popular. Estamos hablando de un pueblo que al momento de los hechos tenía 852 habitantes habilitados para votar. Nosotros detectamos 70 electores falsos, lo que significa una incidencia del 8% del padrón. Eso tuerce la voluntad de los habitantes del lugar", ejemplificó Rachid.
Además, el magistrado señaló que durante un allanamiento a la municipalidad de Arizona, detectaron que los trámites para obtener la licencia de conducir habían sido gratuitos, al igual que los timbrados para los cambios de domicilio.
Asimismo indicó que no se ha demostrado la existencia de ninguna contraprestación más allá de las licencias de conducri profesionales y que este tipo de causas suele tener trabas judiciales. "Este tipo de causas tiene las chicanas habituales que están llevadas a la máxima potencia, que es típico cuando hay trasfondo político. Son muy comunes las recusaciones, esto implica que hay alguien detrás y que los casos lleguen a cámaras de apelaciones y perder meses, se plantean incompetencias, los expedientes migran de un tribunal a otro, así van pasando los años. La fiscalía hizo la imputación en el 2017 y recién obtuvimos procesamiento en 2024, para que vean lo que implica el entrevero procesal de este tipo de casos, donde se mezcla lo político con lo jurídico".
Por último, el juez federal se refirió a las similitudes entre el caso de Arizona con el de Fortín El Patria. "Ese fue el caso que logramos preventivamente impedir el año pasado, porque más allá de que estuvieran en el padrón, se suspendieron los cambios de domicilio y esas personas no pudieron votar. Es un nuevo procedimiento que se está aplicando en todo el país y que busca esto, no solo correr detrás del delito para aplicar la sanción penal, sino que con menos pruebas se pueda bloquear un cambio de domicilio sospechoso y evitar el prejuicio electoral", explicó.
Explicó que las imputaciones están en curso y que este procedimiento preventivo tiene una instancia de defensa ya que no siempre se comete un delito cuando suceden este tipo de situaciones: "No es en sí el hecho de cambiar el domicilio y no hacer el trámite del DNI lo que constituye el delito, eso es en todo caso una infracción, el tema es denunciar un cambio de domicilio que uno jamás efectivizó. Por ahí alguien ha estudiado en otro lugar de donde tenían el domicilio y volvía a votar a su lugar de origen, eos no es una situación delictiva, lo delictivo es inscribirse en un padrón de una localidad en la que nunca residió que es lo que puede afectar la formación de la voluntad popular de ese lugar".
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