Luego de las declaraciones de Martin Guzmán, el fiscal Carlos Stornelli recibió una denuncia por abuso de autoridad e imumpliento de funcionario.
Acusan a Alberto Fernández por extender la cuarentena con fines electorales
El expresidente argentino, Alberto Fernández, continúa envuelto en tensiones judiciales. El fiscal Carlos Stornelli lo imputó por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público durante la extensa cuarentena impuesta por la pandemia de Covid en los años 2020 y 2021.
La imputación surgió a raíz de una presentación judicial liderada por Yamil Santoro, legislador porteño, quien presentó una denuncia penal contra Fernández basada en declaraciones recientes del exministro de Economía, Martín Guzmán, sobre las medidas de aislamiento.
En su rol al frente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Stornelli anunció que se indagarían las posibles acciones delictivas de Fernández, acusado de prolongar de manera indebida las restricciones, con consecuencias significativas a nivel social y económico.
%uD83D%uDEA8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 AHORA | Imputaron a Alberto Fernández por el manejo de la cuarentena luego de que Martín Guzmán dijera que la extendió por razones políticas pic.twitter.com/zGdUo8Py9K
— Oppenheimer (@OppenheimerAr) September 4, 2024
Stornelli destacó que Guzmán mencionó en una entrevista que la duración de la cuarentena fue más extensa de lo necesario por motivos políticos, lo que, según el fiscal, habría tenido un impacto negativo en la sociedad y la economía. Estos comentarios de Guzmán fueron realizados en el canal de streaming Cenital.
Ver: Galperin anunció que Mercado Libre invertirá US$ 75 millones en el país
Como parte de las medidas para avanzar en la investigación, Stornelli solicitó recabar todas las normativas emitidas por el Ejecutivo relacionadas con las limitaciones impuestas durante la cuarentena. También pidió información a la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas sanitarias adoptadas por otros países, detallando su duración, efectos en las libertades ciudadanas y resultados en la prevención de contagios.
Además, se requirió al gobierno de Javier Milei que informara si existía documentación relacionada con posibles encuestas solicitadas durante la gestión anterior para conocer la opinión pública sobre la cuarentena.
El fiscal también ordenó la declaración testimonial de economistas y representantes de las principales cámaras empresariales para detallar los efectos de las restricciones en sus sectores.
La denuncia presentada por Yamil Santoro acusó a Alberto Fernández de diversos delitos, entre ellos el incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad. Esta denuncia contó con el respaldo de José Magioncalda, director del equipo legal de la Fundación Apolo, y del abogado Ignacio Falcón.
Santoro enfatizó que las decisiones tomadas durante la pandemia no solo afectaron la economía y la salud de los argentinos, sino que también fueron utilizadas con propósitos políticos, lo que considera un abuso de poder que debe ser investigado y sancionado.
La denuncia argumenta que las medidas restrictivas durante la pandemia impactaron negativamente en diversos aspectos de la vida de los ciudadanos argentinos y sostiene que la prolongación de las restricciones estuvo fundamentada en motivos políticos más que técnicos.
En este contexto, la denuncia considera que el expresidente podría haber incurrido en delitos establecidos en el Código Penal argentino.
El fiscal Guillermo Marijuan también presentó una denuncia similar contra Alberto Fernández y otros funcionarios de su gobierno, subrayando la gravedad de la situación durante ese difícil período para la población.
Esta nota habla de:
