El proyecto presentado por Máximo Kirchner ya tiene el aval de la Cámara de Diputados. También se tratará la ley del fuego.
El Senado trata el impuesto a las grandes fortunas
La Cámara de Senadores de la Nación comenzó la sesión en la que se trata la ley el Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, conocido como "impuesto a la riqueza", y una iniciativa que prohíbe la venta de tierras incendiadas en plazos que van de 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. Ambas proyectos tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, se convertirán en ley.
El Aporte Solidario y Extraordinario de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos busca ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus a través de la recaudación de $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.
La iniciativa prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de 200 millones de pesos. Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
El Senado trata los dos proyectos presentados por Máximo Kirchner.
El Senado debatía el proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego para prohibir el cambio del uso de los campos incendiados y el Frente de Todos prevé convertirlo en ley. La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, luego de los incendios registrados en los últimos meses en más de ocho provincias, muchos de los cuales fueron "intencionales", según afirmó oportunamente el Gobierno.
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El proyecto establece que "no se podrá cambiar el uso" de las zonas afectadas por los incendios "para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino" que tenían al momento del incidente por un plazo de 60 años para los bosques y 30 años para zonas agrícolas.
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