A casi un mes de su promulgación, la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner tiene muchos "grises".
Impuesto a la riqueza, la ley "de emergencia" que aún no se implementa
El Gobierno nacional promulgó el pasado 18 de diciembre la ley 27.605 que establece el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que fue impulsado por el Frente de Todos en el Congreso.
A casi un mes de su promulgación, la iniciativa - con carácter "de emergencia" - impulsada por Máximo Kirchner, conocida como el impuesto a las grandes fortunas, aún no se ha implementado.
La ley grava patrimonios superiores a los $200 millones y pretende recaudar unos $300.000 millones. Desde un principio, el impuesto fue cuestionado por empresarios y expertos tributarios por considerarlo un obstáculo para emprendedores e inversores. La oposición también aportó este argumento y advirtió que se trataba de un " impuesto confiscatorio", mientras que el oficialismo sostuvo que solo afectará a un universo acotado de contribuyentes "privilegiados".
Según un artículo publicado por La Nación, hasta el momento no ha habido noticias y no pueden precisar cómo se va a implementar, cómo será el mecanismo de recaudación o a cuantas personas afectará: en teoría, la reglamentación del ministerio de Economía llegaría la semana próxima.
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La reglamentación luego debe enviarse a la Secretaría Legal y Técnica, institución a cargo de Vilma Ibarra.
"Yo creo que la reglamentación esta demorada porque la ley no dice muchas cosas que inevitablemente tienen que determinar ", dijo al citado medio el Dr. César Litvin, reconocido tributarista. La ley "tiene ausencia de normas específicas " respecto a los elementos esenciales que debe contener un impuesto. Sin embargo, advirtió que se trata de "una línea delgada" ya que la reglamentación no puede ir más allá de la ley.
Litvin explicó que la fecha en la cual la ley comenzó a regir, 18 de diciembre, complejiza la liquidación del impuesto. Aquel día se debe tomar una "foto" del patrimonio de los contribuyentes para determinar si superan los $200 millones y serán alcanzados por el impuesto. El problema radica en que se trata de un "corte especial " según el experto ya que la mayoría de los bancos y especialmente los del exterior lo realizan a fin de mes, por lo que cada contribuyente deberá armar la base de liquidación "artesanalmente". Por lo tanto, tampoco se sabe aún a quienes alcanzará.
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Fuente de la AFIP declararon que el último número con el que cuentan es 12.000 personas, la estimación que había aportado la directora del organismo recaudador Mercedes Marcó del Pont en una exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Sin embargo, dichas estimaciones fueron realizadas en base a las declaraciones juradas presentadas para el período fiscal 2019. El doctor Litvin cree que serán muchos más y la cifra probablemente se eleve a cerca de 30.000 personas.
Según el comunicado oficial, el impuesto alcanzará a las personas residentes en la Argentina "por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior" como así también a personas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en "jurisdicciones no cooperantes" o "jurisdicciones de baja o nula tributación". Sumado a esto, las personas residentes en el exterior lo pagarán por la totalidad de sus bienes en el país.
La ley tampoco aclara cómo se determinará la base imponible. Esta puede variar según la fecha en que las empresas cierran sus estados contables como así también por el tipo de balance que tendrán en cuenta. Ambas variables tienen muchísima incidencia en la cuantificación del impuesto. El tributarista sospecha que son todas estas razones las que hacen que la reglamentación se encuentre demorada.
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Es decir que, no sólo no se ha empezado a recaudar, sino que ni siquiera es posible determinar a quiénes afectará y de qué manera.
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