El Gobierno nacional comenzó una auditoría para comprobar horas extras y otros ítems que redoblan el sueldo de muchos empleados. ATE advierte que no es mucha plata.
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Un nuevo foco de tensión se suma entre el Gobierno y los gremios estatales a raíz de una auditoría que busca reducir las horas extras y los adicionales que reciben muchos empleados públicos, alegando que en ciertos casos estos montos superan incluso el salario básico.
Según dirigentes de ATE, la revisión de los contratos firmados en 2023, a raíz del decreto 84, no afectaría a más de 7 mil empleados notificados oficialmente, dado que muchas de estas contrataciones se encontraban dentro de excepciones previamente establecidas en el congelamiento decretado en 2022 por la exministra de Economía, Silvina Batakis.
La auditoría detalla casos de empleados que, a pesar de tener ingresos mensuales de $450 mil, la mitad corresponde a horas extras y otros ítems adicionales. Se trata de trabajadores en categorías bajas en organismos como la Secretaría General de la Presidencia, Jefatura de Gabinete o el Ministerio de Economía, que reciben compensaciones que incrementan significativamente sus ingresos.
El plan gubernamental apunta a recortar o establecer límites en el pago de horas extras y otros suplementos con el fin de reducir el gasto público. Sin embargo, los sindicatos advierten que quitar esos adicionales resultaría en sueldos insuficientes, llevando a una situación de precariedad aún mayor para muchos trabajadores.
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Los sindicatos temen que, si el Gobierno no puede avanzar en la reducción de la planta estatal a través de la eliminación de organismos, como se plantea en el Congreso con la propuesta de privatización de 41 empresas públicas, el siguiente paso sea la reducción de salarios.
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