Una diputada cristinista denunció por sedición, resistencia, asonada e incumplimiento de los deberes de funcionario público al gobierno de Mendoza. Un juez federal tomó intervención. Cómo sigue.
Grieta: El gobierno mendocino contesta hoy la denuncia por el feriado
El ministro de Gobierno de Mendoza Víctor Ibañez responderá hoy un oficio del Juzgado Federal 3 a cargo del juez Marcelo Garnica, en el que pide al Poder Ejecutivo una serie de informes para determinar si el gobierno provincial cometió los delitos de sedición, resistencia a la autoridad, asonada, desobediencia, y si algún funcionario incumplió sus deberes, al desobedecer el decreto 573 de este año, dictado por el presidente Alberto Fernández en la madrugada del 2 de este mes, en el que se ordenó un feriado nacional "...a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación..." dice la norma. Aquí se puede leer el texto completo.
La denuncia penal contra el gobierno de Mendoza fue presentada por la diputada nacional cristinista Marisa Uceda, y por el abogado peronista Carlos "Charly" Blanco, sobre el que hay una curiosidad. Recientemente fue pasado a planta permanente del Senado de la Nación en Categoría A-2, con un sueldo que superaría los 379.000 pesos mensuales. Blanco es subdirector de Relevamiento y Monitoreo de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. No parece haber mucha tarea en esa comisión. Se habría reunido por última vez en febrero del año pasado y no tiene agenda pública registrada en el Senado. La denunciante principal, la mendocina Marisa Uceda, integra esta comisión bicameral de la que Blanco es funcionario. El kirchnerismo local no le dio participación ni avisó de la denuncia a intendentes, ni a otros legisladores nacionales que no sean del sector.
Diputada Marisa Uceda.
Si bien los denunciantes fueron Uceda y el asesor Carlos Blanco, el kirchnerismo asumirá la responsabilidad política por la presentación judicial. De hecho, el senador provincial Lucas Ilardo le dio entidad a la denuncia, en uno de sus posteos sabatinos:
La denuncia del kirchnerismo contra el gobierno fue interpretada en el oficialismo como una especie de "declaración de guerra" que en el peronismo no niegan. "Si quieren barro, vamos al barro" dijo a este diario un dirigente kirchnerista. El peronismo -parece- se habría hartado de que les dejaran afuera de todos los organismos de control. El proyecto de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia parece haber sido el último eslabón de la cadena de desencuentros. En el PJ entendieron rápido que el gobierno licuará el poder de la sala peronista-garantista de la Corte. Y se acabaron las sutilezas. De hecho, la semana pasada, los senadores Lucas Ilardo y Alejandro Bermejo se fueron de la presentación que hacía el gobierno a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, en medio de un lío político importante.
Como sea, ahora el gobierno de Mendoza deberá ocuparse de responder a la denuncia penal por sedición, algo que sorprendió a los funcionarios. Cuando recibieron el oficio, a fines de la semana pasada, no podían creer su suerte. "Nos denuncian por trabajar..." sintetizaron. Y en esa línea partieron una catarata de posteos en Twitter de diversos referentes de radicales, que les dijeron de todo a sus colegas peronistas. Aquí se pueden leer las reacciones del gobierno, que parecieron ir del sarcasmo al enojo.
La reunión de la comisión LAC tuvo momentos de tensión.
La denuncia -además del capítulo judicial y político- tiene un costado de repercusión social. Según el informe de septiembre de Giacobbe y Asociados, hay un 61,5 % de personas que cree que el atentado contra la vicepresidenta fue un "montaje" del kirchnerismo. A la mañana siguiente, el rechazo mendocino al feriado del viernes 2 por el ataque a Cristina se sintió fuerte, más allá de lo repudiable del atentado en sí y de la inusitada gravedad de ese hecho. La repercusión del feriado en redes sociales y en los mensajes en los medios fue muy negastiva. Las encuestas reflejaron rápido un estado de descreimiento feroz, que se agravó en la misma noche del atentado, cuando el presidente Alberto Fernández culpó por el ataque a la oposición, los medios, y a la justicia. Justamente hoy, el abogado Carlos Beraldi hará en el juicio por Vialidad su alegato de defensa de la vicepresidenta, acusada en esa causa de administración fraudulenta, fraude al Estado, y asociación ilícita, por el presunto desvío de 46.000 millones de pesos en obra pública al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Desde lo político, es interesante que el peronismo decida dar pelea. Pero denunciar al gobierno por que quienes vivimos en Mendoza trabajamos ese día, pudo haber sido un paso en falso de esos que después se recuerdan en las campañas electorales. Como el mapa del delito de Celso Jaque.
Luego, están los hechos.
Qué pasó ese día
El jueves 1 de septiembre a las 21:00 fue el atentado contra Cristina. A medianoche, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional, expresó su repudio, y anunció que declararía un feriado nacional. Pero empezó a pasar el tiempo, y el decreto no aparecía. A la 01:27 de la madrugada del viernes 2, el gobierno de Mendoza emitió un comunicado en el que dijo que "...hoy se debe trabajar con normalidad, que es la mejor forma de repudio a cualquier expresión de violencia, y en adhesión a la paz social..." La comunicación explicó que a esa hora, no se había dictado aún ninguna norma por el feriado nacional. Click aquí para leer el comunicado completo.
A las 03:06 de la mañana, el decreto 573/2022 dictando el feriado nacional apareció en el Boletín Oficial de la Nación. Luego, el gobierno de Mendoza no dictó ninguna medida complementaria, aunque anunció dos decisiones administrativas: no se descontaría el día a los agentes del Estado que no fueron a trabajar, y se les devolverá el día trabajado a los que sí fueron "del modo en que se organicen con las respectivas áreas de recursos humanos" dijeron en el gobierno. Los municipios gobernador por Cambia Mendoza trabajaron con normalidad. Los seis administrados por el peronismo, lo hicieron con matices. Los intendentes Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán), trabajaron con normalidad. San Rafael y Maipú mantuvieron guardias, aunque Matías Stevanato hizo concurrir a los funcionarios a la comuna. Y los kirchneristas Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz), adhirieron a un feriado cerrado total.
Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los que quisieron matar a Cristina.
Fuentes oficiales dijeron que en el gobierno analizan el modo de contestar el oficio del juez, por el decreto de Alberto obligando a un nuevo feriado. Explicaron que el decreto violó la ley de feriados nacionales dictada en 2017, y que resulta inconstitucional porque no respeta la autonomía de las provincias.
En efecto, la ley de feriados nacionales faculta al Poder Ejecutivo a dictar hasta tres feriados extra al año, pero deben ser lunes o viernes, y destinados a promover la actividad turística. Lo dice la ley 27.399 de feriados nacionales que se puede consultar aquí. Nada dice de feriados por circunstancias especiales. Tampoco el decreto de Alberto menciona leyes que le faculten a dictar por decreto un feriado por el intento de asesinato de un presidente o un vice.
Finalmente, quienes aprovecharon bien el feriado fueron quienes se movilizaron en las principales ciudades del país pero especialmente en la CABA, para defender a Cristina.
Las preguntas del juez
En el oficio enviado por el Juez Federal Marcelo Garnica, pueden leerse las preguntas enviadas al Ministerio de Gobierno, que se resumen en lo siguiente: Cómo se desarrollaron las actividades públicas provinciales, si se publicó alguna norma relacionada al funcionamiento de la administración pública provincial, y si se emitieron comunicados públicos a través de los canales oficiales del gobierno. Este es el oficio completo:
Habrá que ver si una vez recibida y analizada la información, el juez decide archivar el caso, o avanzar y eventualmente citar a declarar al ministro Ibañez, o aún al gobernador Rodolfo Suarez. Algo es seguro, las relaciones entre peronistas y radicales de Mendoza pasan por su peor momento en muchos años. Mañana martes, termina la ronda de exposiciones en las comisiones LAC de la Legislatura por las reformas a la Corte. Hablarán los ministros de la Corte y cerrará el presidente del tribunal Dalmiro Garay. Se esperan más momentos de tensión con el peronismo.
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