Es una demanda penal por sus declaraciones sobre la transferencia de dinero para la Fundación Acción Social.
El Gobierno de Mendoza denunció al pastor Bonarrico
Este lunes, el Gobierno de Mendoza presentó la denuncia penal contra Héctor Bonarrico, pastor evangelista y ex legislador provincial por el MasFe, dentro de Cambia Mendoza. La semana pasada se dio una polémica por la transferencia de 18 millones de pesos a la fundación que preside, dado que manifestó que era por un "acuerdo político".
"En el día de la fecha el Gobierno de Mendoza presentó denuncia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo de conformidad con lo establecido por el art. 326 y siguientes del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, en virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto", informó el Gobierno en su página web.
En la denuncia se acompañó como prueba la copia certificada del convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha del 23 de febrero del 2022, que no alcanzó a ejecutarse ya que el mismo fue dejado sin efecto debido a las declaraciones públicas realizadas por quien es presidente de la Fundación Acción Social a una radio local, con fecha del 26 de mayo del corriente año. "En dicha nota radial el pastor habría manifestado, entre otras declaraciones, un objeto distinto al establecido taxativamente en el objeto del convenio", informaron.
"A partir de dichas declaraciones se formuló la correspondiente denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal a fin de que investigue si ello podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución, atento a que las mismas son manifiestan un destino de los fondos distinto al del objeto establecido en el convenio de referencia", agregaron.
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"Dentro de la denuncia se expresa que el Gobierno de la Provincia, a través de sus ministerios, suscribe convenios y otorga subsidios para fines que estima de interés público. Todo ello en el marco de la normativa vigente, en especial la Ley de Administración Financiera 8.706, que reglamenta todo lo atinente a los trámites que autorizan gastos públicos", detallaron.
"Es importante destacar que el trámite del convenio cumplió con todas las etapas y exigencias que prevé la Ley de Administración Financiera Nº8.706, puntualmente se acompañó la documentación que acreditaba la aptitud jurídica de la entidad solicitante, intervino la Contaduría General de la Provincia como así también las demás instancias administrativas y económico financieras que exige la norma, contando con dictamen legal previo a la ratificación del convenio", finalizaron.
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