A través de un comunicado, los 10 mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio aseguraron que trabajaron en los consensos para ayudar al gobierno en la aprobación de la Ley Bases. Por ello, no corresponde -dicen- que se les falte el respeto desde Casa Rosada.
Gobernadores de JxC rechazan ser "traidores" como los acusó el Gobierno
Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) afirmaron este martes que "cumplieron el compromiso asumido" con la administración de Javier Milei para acompañar el "paquete de emergencias y facultades" de la ley Bases, por lo que "no corresponde" que la Casa Rosada los responsabilice por el retorno de esa normativa a comisión en la Cámara de Diputados.
"Los diez gobernadores de JxC, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al Gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país", definieron los mandatarios en un comunicado.
Así que "no corresponde entonces que nos responsabilicen a todos por igual ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley Bases", agregaron.
Los mandatarios de JxC respondieron de esta manera a un comunicado del Gobierno que los acusó de "destruir la ley Bases" y "traicionar a sus votantes" por no acompañar la ley en el debate en particular.
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Firmaron el documento Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la ley de Bases y se levantó la sesión, con lo cual el proyecto promovido por el Gobierno tendrá que ser analizado de nuevo.
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La decisión se adoptó porque el oficialismo no tenía los votos para aprobar artículos claves de la ley como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales, entre otros.
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