Además de la empleada que echaron por desviar casi $30 millones, el Post accedió a más irregularidades en el programa laboral del Gobierno. Hay una causa penal contra 10 empresas beneficiadas con "Enlazados".
Investigan por documentos falsos a grandes empresas del programa "Enlazados"
Grupo Broda, Cartellone, Expreso Luján y otras siete empresas son blanco de una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos para poder acceder a los beneficios de "Enlazados", programa laboral con el que el Gobierno paga una parte del salario de los nuevos empleados. Todo esto mientras avanza otra causa judicial contra la empleada que echaron a fines de abril por desviar, junto con 31 cómplices ajenos al Gobierno, unos $26 millones.
Según pudo saber el Post, hay 10 expedientes -uno por cada empresa sospechada- en la Fiscalía de Delitos No Especializados, que se iniciaron a partir de una denuncia del Gobierno a comienzos de abril que, curiosamente, prefirieron no dar a conocer. Desde el Ministerio de Producción entregaron a la Fiscalía un listado de empresas y documentos que serían apócrifos, y a partir de allí comenzó una investigación que encabezó el fiscal Sebastián Capizzi, que incluyó pedidos de información a ATM.
Justamente, desde la Administración Tributaria Mendoza surgió la primera luz de alerta que llegó a este diario: a mediados de abril -antes de que estallara el escándalo por la empleada que robó $26 millones- ingresaron a ATM tres oficios firmados por una funcionaria de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados preguntando si Broda, Cartellone y Expreso Luján tenían "deuda de impuesto automotor, impuesto inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos o impuestos varios" sobre periodos puntuales del año 2023. El pedido de información por parte de los investigadores tenía un fundamento: las tres compañías habían adulterado constancias de cumplimiento fiscal, una especie de "libre de deuda" que entrega ATM y que deben presentar todos los meses en el Ministerio de Producción para mantener los beneficios del programa Enlazados.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y la responsable de Enlazados, Emilce Vega Espinoza.
Fuentes judiciales consultadas por el Post ratificaron el envío de oficios a ATM por estas tres compañías, confirmaron que efectivamente las constancias de cumplimiento fiscal eran falsas, e indicaron que había más empresas del programa Enlazados que son investigadas penalmente: Rabadán S.A., Oeste Cableados S.A., Almirante Chesco SAS, MICA S.A. y algunas personas físicas, todas por el mismo delito: "uso de documento o certificado falso".
Si bien estas últimas empresas no son del calibre de las primeras, al indagar en cada una de ellas surge al menos un dato curioso: fue el mismo gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, el que en 2018 sancionó a Rabadán S.A. luego de que la propia firma admitiera que en una licitación del servicio de limpieza del Hospital Notti presentó un balance trucho o "con datos inexactos". A raíz de esto, la suspendieron por tres años del Registro Único de Proveedores. Posteriormente terminaría dentro del programa "Enlazados": aquel Estado que detectó una maniobra fraudulenta le terminó pagando salarios a parte del personal.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, algunas compañías investigadas terminaron admitiendo que las constancias de cumplimiento fiscal presentadas eran, efectivamente, apócrifas. Uno de los empresarios que fue citado a declarar y que confirmó esto fue Santiago Barbera, CEO del Grupo Broda, una empresa multirubro que en breve controlará el diario Los Andes. Lo mismo contaron desde Cartellone Oil & Gas y Expreso Luján: dijeron que alguien de la empresa había "intervenido" documentos antiguos para presentarlos al programa Enlazados y así mantener los beneficios (básicamente, que el Estado pague un salario mínimo vital y móvil a los empleados que vayan sumando, durante cuatro meses).
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¿Por qué falsificaron los documentos?
La primera fuente que contó que habían ingresado oficios de la Fiscalía a ATM también terminó confirmando que las empresas en cuestión no registraban deudas. Automáticamente, surgió una pregunta natural en la Fiscalía: si estaban en regla, ¿por qué estas empresas falsificaron los "libre de deuda" o "constancias de cumplimiento fiscal"? Si tenían todo en orden, ¿por qué cometieron un delito?
Santiago y Joaquín Barbera, del Grupo Broda.
"Lo que tenían era urgencia para certificar. Lo terminaron admitiendo las mismas empresas. Por eso editaban el PDF de una constancia vieja y la presentaban como nueva", contó una fuente cercana a la investigación. La Fiscalía ya habría comprobado esto en relación a Broda, Cartellone y Expreso Luján: como se demoraban en cancelar impuestos, sumado al "delay" para que los pagos impacten en el sistema, no llegaban a presentar los "libre de deuda" a tiempo en Enlazados. Ante esto, "a las compañías se les ocurrió falsificar los certificados y presentarlos a tiempo" para no perder los beneficios del programa, omitiendo la comisión de un delito.
Sin embargo, en abril de 2024, casi 3 años después de que Enlazados entrara en vigencia, decidieron hacer un control de estos certificados y algunos de estos documentos no pudieron ser validados. Entonces, el mismo Gobierno envió la documentación a la Fiscalía de Delitos No Especializados e incluso hubo funcionarios que tuvieron que ir a declarar, todo bajo un estricto secreto. A partir de allí identificaron a 10 empresas y comenzó la investigación judicial.
Desde el Ministerio Público Fiscal sugirieron a este diario que, como no hubo un daño patrimonial al Estado, el fiscal a cargo de la investigación terminaría archivando las causas, a pesar de que las empresas mismas admitieron que habían adulterado los documentos. "Lo que sucede es que pese a que hay una evidente falta de cumplimiento ético de las empresas, no está demostrado que haya habido perjuicio al Estado, al menos por ahora", explicaron. Sin embargo, surge una pregunta instantánea: gracias a esos certificados truchos, los empleados de estas 10 empresas cobraron millones de pesos. ¿No configura eso un daño patrimonial al Estado?
Más allá de la medida que disponga la Fiscalía, lo que habría que ver es qué decisión tomará el Gobierno con respecto a estas empresas: si las volverán a incluir en el Enlazados o no.
Cartellone Oil & Gas, otra de las empresas investigadas.
Sobre esto último, las 10 empresas quedaron "suspendidas": las quitaron al menos momentáneamente del programa Enlazados. Al indagar sobre cuál será el accionar del Ministerio de Producción, del que depende el programa Enlazados, en el sexto piso de Casa de Gobierno habría interés para que el fiscal archive rápidamente las causas y así volver a pagarles el salario a los nuevos empleados de estas empresas, todo esto pese a la falta de cumplimiento ético de las compañías.
El desvío de $26 millones
El inicio de la investigación contra estas 10 empresas por uso de documento falso se dio unas semanas antes de que saliera a la luz el caso de una empleada administrativa, Valentina Cáceres (20), que fue echada por quedarse con casi $26 millones de Enlazados con la presunta complicidad de su pareja, Germán Valdeolmillos (19), y otras 30 personas. Como primera reflexión, ambas situaciones salieron a la luz casi a la par, luego de tres años de vigencia del programa. ¿Hubo deficiencia en los controles anteriores?
Para comprender cómo se desviaron $26 millones, primero hay que entender cómo funciona el programa Enlazados: el Gobierno colabora con las empresas que cumplen con ciertos requisitos pagando parte del sueldo de empleados nuevos durante 4 meses. Esa ayuda, que equivale al salario mínimo vital y móvil, va directamente al CBU del trabajador. Por lo tanto, el fraude requería la complicidad de personas reales que recibirían el dinero.
Valdeolmillos y Cáceres.
Según la versión "edulcorada" del Ministerio de Producción, la alarma se encendió porque en el cierre del mes de abril llamó la atención una empresa que había sumado 31 nuevos empleados, algo atípico en medio de la crisis económica actual. Al indagar un poco más, descubrieron que era una compañía fantasma: no existía. Automáticamente, verificaron en el sistema qué empleado de Enlazados había cargado los datos y allí "saltó" el nombre de la responsable.
Desde entonces, se realizaron allanamientos en la vivienda de la principal acusada (Cáceres), ordenados por la fiscal de la causa, Graciela García Cobos, luego de que el caso fuese denunciado por el Ministerio de Producción. Asimismo, la decisión de hacer público el caso de esta empleada "infiel" se tomó luego de que el Post consultara a los responsables del programa laboral sobre el fraude millonario.
"Es muy anómalo todo. De repente, hacen 10 denuncias, todas juntas, en un programa que está vigente desde 2021, junto con el caso de una empleada que se robó casi 30 millones. Seguramente, cuando vieron una fuga tan grande, recién ahí empezaron a controlar", sugirió una fuente cercana al programa laboral que inauguró el exministro Enrique Vaquié en plena pandemia y que continuó Rodolfo Varga Arizu, en ambos periodos con Emilce Vega Espinoza como responsable inmediata.
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