El Gobierno Nacional comenzará la semana que viene con las pruebas. Son de nivel de un secundario completo y están excentos los estatales nacionales que viven en el interior.
La "Deep Motosierra" avanza con los examenes de idoneidad a estatales
El Gobierno nacional lanzará la próxima semana el plan de evaluación de idoneidad destinado a unos 40.000 empleados públicos con contratos temporales que vencen a fin de año. El examen será un requisito obligatorio para la renovación contractual y forma parte de una serie de medidas que buscan reestructurar la planta estatal, con la posibilidad de reducir personal en áreas que se consideren innecesarias.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, apunta a establecer estándares mínimos de capacidad entre los trabajadores del sector público. Los exámenes, presenciales y diferenciados según las categorías laborales (profesional, administrativo y servicios generales), tendrán un nivel de dificultad equiparable a un título secundario.
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Federico Sturzenegger
Detalles de los exámenes
Los exámenes, que se realizarán inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendrán una duración de una hora y consistirán en entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple. Los resultados serán corregidos automáticamente por un sistema digital, garantizando transparencia en el proceso. Los empleados tendrán hasta tres intentos por año para aprobar.
Estarán exceptuados de la evaluación los empleados de planta permanente, personas con discapacidad y aquellos que residan en el interior del país, aunque se prevé la posibilidad de extender el alcance del examen a otras regiones en el futuro.
Aunque la aprobación del examen será obligatoria, no garantiza la renovación del contrato, ya que la decisión final dependerá de las necesidades de cada área. Según fuentes oficiales, el objetivo no es utilizar la prueba como un filtro, sino como una herramienta objetiva para medir la eficiencia del personal.
En paralelo al inicio de las evaluaciones, el Gobierno revisará la estructura de la administración pública, evaluando área por área para detectar funciones redundantes o de escasa utilidad. Esto incluye la posibilidad de cerrar organismos considerados innecesarios.
El plan también contempla una reconfiguración de los organismos descentralizados, como ARCA (ex AFIP) y el Indec, algunos de los cuales podrían ser cerrados o reintegrados a la administración central. Además, la Ley de Bases y la ley ómnibus otorgan al Gobierno la potestad de suspender empleados de planta permanente en casos de cierres de dependencias, con un período de entre seis y doce meses para reubicarlos antes de rescindir el contrato con indemnización.
Estas medidas se enmarcan en lo que el Gobierno denomina "deep motosierra", un proceso de ajuste fiscal que ya redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, recortó 33% de los puestos superiores y eliminó 30.000 empleos en lo que va del año. Actualmente, la planta estatal cuenta con 305.688 empleados, una disminución significativa respecto de los 343.353 de noviembre del año pasado.
Entre las ideas futuras, se baraja un sistema de incentivos para áreas del Estado que logren ahorrar presupuesto, la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo y la reconfiguración de las escalas salariales, buscando reducir la disparidad entre distintos sectores de la administración pública.
Los gremios estatales están en alerta por estas medidas
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