Dictadores y corruptos: los otros presidentes que no pueden entrar a EEUU

Este viernes el gobierno de Donald Trump sumó a Cristina Fernández a la lista de mandatarios que no pueden ingresar al país por corrupción o por violar derechos humanos.

Dictadores y corruptos: los otros presidentes que no pueden entrar a EEUU

Editó: Ana Montes de Oca

Este viernes se conoció que el Gobierno de Estados Unidos prohibió la entrada al país de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su familia, como parte de su política contra la corrupción y delitos contra los derechos humanos. 

La sanción se aplica bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Congreso estadounidense, que permite restringir visas a personas señaladas por "corrupción significativa" o violaciones graves de derechos humanos. Además, estas medidas se extienden a los familiares directos de los sancionados.

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Cristina, sus hijos y De Vido no podrán entrar a USA

Pero Cristina Fernández no es la única que ha recibido esa sanción, su nombre, integra una lista de varios ex mandatarios que tienen la entrada prohibida a estados Unidos. En su mayoría, por dictadores. 

Entre ellos están: Nicolás MaduroDaniel OrtegaRaúl Castro y Miguel Díaz-Canel, el paraguayo Horacio Cartes, el hondureño Juan Orlando Hernández, (actualmente detenido en EE.UU. por narcotráfico). También tienen prohibida la entrada Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá (condenado por blanqueo de capitales), Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de Ecuador, condenados por corrupción.

A esta lista se suman ahora la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, dos veces condenada por corrupción y el exministro de Planificación argentino, procesado en múltiples causas judiciales, Julio De Vido.

El Departamento de Estado de EE.UU. también ha sancionado a funcionarios judiciales y policiales de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, a quienes acusa de manipular procesos judiciales, colaborar con organizaciones criminales o reprimir a opositores políticos.

Desde Washington, las autoridades defienden la medida como una herramienta clave para "fortalecer el Estado de derecho y proteger la democracia" en América Latina. 

El anuncio de USA

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