La ministra de Seguridad tuvo una buena noticia "eléctrica", producto de una ley que ella misma impulsó siendo senadora. Mientras tanto, la crisis energética se sigue padeciendo por falta de producción, pero puede "amortiguarse" en este verano. Las razones.
La ley de la señora de los trafos de Mendoza y el karma eléctrico argentino
Quedan alcanzados por esta Ley, las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial, en forma permanente o eventual, aún cuando no sea la actividad principal, con metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados puros, elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables a sus desechos, sean estos establecimientos de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos, chatarrerías y todo otro que realice actividad similar cualquiera fuere su denominación, en los términos que disponga la reglamentación (texto del artículo 2 de la ley 9447 cuya autora es entonces senadora Mercedes Rus, actual ministra de Seguridad).
El lunes 27 de enero de 2025 se cumplirán dos años de la vigencia de la ley antirrobo de cobre y aluminio. El vandalismo persiste contra las instalaciones eléctricas, pero la semana que pasó ocurrió un hecho que para Mercedes Rus fue un aliciente en su devenir como funcionaria mendocina. La actual ministra de Seguridad escuchó un informe de parte de directivos eléctricos que seguramente le hizo pensar que su tarea anterior como legisladora le terminó beneficiando como ejecutiva del gobierno de Alfredo Cornejo.
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Ocurrió el jueves 19, cuando Rus visitó el Este provincial y en su recorrido pasó por la Cooperativa Eléctrica Rural Alto Verde y Algarrobo Grande. Allí le informaron que hay una tendencia a la baja en la tasa de robos, en especial en transformadores, uno de los blancos elegidos por los ladrones por las bobinas de cobre que contienen los trafos. Lean con atención los datos de la distribuidora que para la ministra fueron como un oasis en el desierto de los saqueos y las apropiaciones de elementos compuestos por metales "no ferrosos".
• Enchufados con el problema. Desde el 2020 (época pandémica) se ha reducido casi un 300 por ciento el robo de transformadores. Llegó a registrarse entre uno o dos robos de transformadores por día y ahora es un robo cada 45 o 60 días. La baja de robos se notó a partir de un trabajo coordinado entre la Policía, el Ministerio y las empresas. Estos son sectores que se encuentran conectados online incluida la misma ministra.
• Pérdida. Desde el 2002 a 2024 robaron 569 transformadores. Esto representa un 30 por ciento de una dotación completa de trafos para la cooperativa en cuestión, que tiene instalados 1600 aparatos conversores a lo largo de su tendido eléctrico. Cada robo cuesta cerca de 20 millones entre la restitución del transformador y la normalización de la subestación correspondiente.
• Huelga de robos. Cuando los grupos de ladrones y sus socios que acopian los materiales de cobre robados ven que la policía se focaliza en ellos con controles en los predios de acopio (chacaritas) y con seguimiento de los movimientos delictivos, entonces frenan sus actividades ilícitas.
• Con poder. La 9447 empodera a la fuerza de seguridad con habilitación para inspeccionar a los espacios de acopio y venta de materiales metálicos sin órdenes de allanamiento, aunque en la práctica estas acciones toman esta característica porque pueden tomar medidas preventivas como el cierre de los comercios si encuentran irregularidades como no estar inscripto en el registro de comercios que compran y venden elementos de cobre o aluminio que obliga la norma.
Lo descripto resulta un respiro, pero todos los sectores involucrados, incluso los depredadores de cables, saben que la inseguridad "evoluciona" y es cíclica por lo que los dispositivos institucionales se mantienen en alerta, informaron después de la reunión.
La contracara de Rus
Otro detalle que hace notar el tiempo que atravesamos, marcado por la crudeza de los actos, de la sinrazón, los fundamentalismos y el poco apego a la organización pública de la cual ella es una alta funcionaria. Me refiero a la expresión de la vicegobernadora y médica inmunóloga Hebe Casado por la red X, quien certeramente ha dicho en alguna declaración pública que a ella la votaron por tener este tipo de manifestaciones en la red social. Es decir que el voto popular que la ubicó en la Vicegobernación es un síntoma de esta época. Veamos.
El penoso episodio tuitero de Casado esta vez se basó en la noticia de la muerte por una descarga eléctrica de un presunto ladrón de cables que cayó en un barrio de Las Heras. Casado reposteó una nota periodística sobre el suceso con su "aporte" escaso de humanidad y de dudosa legalidad, titulando al hecho de la muerte de un ladrón electrocutado como "justicia divina". O sea, una forma "divina" de ver el combate contra los robacables.
Con el debido respeto a la investidura constitucional, me animo a decir que a esta altura, a un año de haber asumido, la vice corre el riesgo de convertirse en una groupie de sí misma y de su ideario, sus posteos evidencian ese proceso.
Generadoras (del déficit eléctrico)
La tercera semana de diciembre también dejó registrado la novedad de que a causa de las lluvias en Brasil ahora los pronósticos meteorológicos proyectaban más agua en los ríos que mueven las turbinas de la hidroeléctrica Yaciretá ubicada en Paraguay que provee de energía en especial al AMBA que consume como una gran esponja el 40 por ciento de la energía que se ocupa en el país.
Esto anticipó el informe periodístico del diario porteño La Nación con aval implícito de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) quer se encargó de difundirlo y que el Post analizó el viernes 20.
Las lluvias en el sur de Brasil de las últimas semanas no solo trajeron alivio en ese país, luego de sufrir uno de sus peores años en materia hídrica, sino que fueron celebradas entre los funcionarios argentinos y las empresas de energía eléctrica. Cada verano, la Argentina importa de Brasil alrededor de 2000 megawatts (MW), equivalente al 16 % de la demanda eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cuando tiene disponibilidad de excedentes de electricidad.
Pero no solo en lo contingente hay que prestar atención, es recomendable también poner el foco en lo estructural que el mismo documento informativo de las distribuidoras destacan.
Más allá del factor "exógeno", como podrían ser las olas de calor, el sistema eléctrico argentino exhibe un nivel precario de inversión, luego de dos décadas de tarifas congeladas, con máquinas de generación térmica que tienen entre 60 y 70 años, y líneas de transmisión que no se expandieron a la par del crecimiento poblacional. Esto genera, por un lado, que en los picos de demanda se tengan que usar máquinas casi obsoletas que consumen combustibles más caros y que requieren un mayor costo de mantenimiento.
También se nota en el registro el interés sectorial de que se impulse obra financiada por los usuarios a través de cargos fijos como el proyecto que el gobierno de Javier Gerardo Milei le puso freno de mano para una megaobra de transporte para el AMBA que terminaría siendo pagada de antemano con otro impuesto en cada factura eléctrica que deberíamos pagar en un plan de hasta 36 cuotas cada uno de los 15 millones de usuarios argentinos. Lean, por favor.
Por otro lado, la falta de líneas de transmisión limita la inversión en centrales térmicas o en parques eólicos y solares, ya que no hay forma de llevar esa generación a los centros de consumo.
Las empresas generadoras, por su parte, están a la espera de que el Gobierno lance una nueva licitación para aumentar el parque de generación eléctrica, luego de que, en julio pasado, la administración de Javier Milei suspendiera la adjudicación que había realizado la gestión anterior, antes de dejar el poder.
Se trataba de los proyectos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica (TerConf), donde se buscaba cubrir, 3340 MW de generación térmica mediante la construcción de 29 nuevas centrales termoeléctricas. Las obras implicaban compromisos de inversión por US$4000 millones.