La trama del "bombazo" a Suarez que sacudió la campaña

En el gobierno provincial y en el oficialismo radical del frente Cambia Mendoza no esperaban -de ninguna manera- un fallo del juez federal con competencia electoral Walter Bento, enviando al gobernador Rodolfo Suarez a ser investigado por la justicia penal por la presunta comisión de un delito. El "delito" de ser candidato a senador nacional suplente, sospechoso de violar el artículo 248 del Código Penal que se aplica en casos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El mandoble del juez al gobernador y al oficialismo en tres líneas de su fallo por las impugnaciones a las colectoras ayer a la mañana, resultó de un calibre que nadie esperaba. Y explotó como una bomba en el inicio de la campaña electoral hacia las PASO del 12 de septiembre.

La decisión del juez forma parte de la extensa respuesta del magistrado a la serie de impugnaciones de Cambia Mendoza al uso de colectoras, más otros cuestionamientos cruzados entre distintos partidos políticos. El fallo de Bento -investigado y procesado por ser el presunto jefe de una banda delictiva que habría cobrado sobornos a presos federales en causas de narcotráfico- tomó por sorpresa al gobierno, a los candidatos del oficialismo y a quienes llevan adelante la estrategia legal de la campaña radical. El fallo los desacomodó y enturbió el inicio del proselitismo oficialista hacia las PASO. No hubo referente importante, salvo el propio gobernador que se preservó, que no reaccionara fuerte por la decisión del juez Bento. Hubo unas horas, pocas, de furia y desconcierto. Luego vino el control de daños, y antes del mediodía la maquinaria de Cambia Mendoza ya había puesto en marcha una respuesta política y coordinada al fallo: la decisión del juez Bento habría sido, resumiendo las expresiones oficiales que hubo, resultado de su situación judicial, de la necesidad política -señalada por dirigentes de Cambia Mendoza- de favorecer al kirchnerismo, y del presumible enojo del juez por las críticas y pedidos de apartamiento que hicieron Alfredo Cornejo y otros dirigentes. A esta altura, aclarar que el juez además habilitó las colectoras de todos los partidos, incluidas las 26 del Frente de Todos, es casi un detalle menor. Igual, el gobierno buscó endilgarle el juez al peronismo. 

La decisión por las colectoras era esperable por todos porque además sería técnicamente correcta "con matices". El gobierno no se paralizó. Mientras se conocían las respuestas al fallo del propio Cornejo, de Julio Cobos, del presidente de la UCR Tadeo García Zalazar, del ministro de Gobierno Víctor Ibañez, de los presidentes de bloque Alejandro Diumenjo y Cecilia "China" Rodríguez, Suarez lanzó un ambicioso plan de viviendas del IPV. 

A la vez, los candidatos del peronismo se lanzaron a cubrir "territorio" y mostrarse profusamente en las redes sociales.

En Cambia Mendoza y en el peronismo esperaban que las decisiones electorales de Bento fuesen "salomónicas", y que aprobase las colectoras que pedía el Frente de Todos tanto como la candidatura a senador nacional suplente de Suarez, objetada por el frente que integran lo que quedó del Partido Demócrata, la Coalición Cívica y el Mendo Exit. Pero el juez rechazó todas las impugnaciones de la alianza oficialista, y aprobó la totalidad de las colectoras. Respecto de la candidatura de Suarez, primero declaró en un fallo de la semana pasada que el gobernador sólo podía ser objetado por listas internas de Cambia Mendoza y rechazó la legitimidad de "Vamos mendocinos" (PD "Jurásico" y aliados) para la impugnación. Pero ayer, en una decisión cuestionada por el oficialismo, el juez parecería haber cambiado de opinión y tomó otra impugnación, en este caso del partido filo peronista Compromiso Federal, de los Rodríguez Saá, para abrir una compulsa penal contra Suarez. Ahora, son varios los caminos que se abren.

El juez y la política

El juez Walter Bento fue designado por Néstor Kirchner en 2005 luego de seguir el proceso de selección. Reemplazó en el "Juzgado Maldito" (como le dicen al Federal 1) a Luis Leiva, destituido en 2002. Hoy, el magistrado es indagado penalmente por la supuesta comisión de delitos gravísimos: asociación ilícita, sobornos, y enriquecimiento. La causa empezó de modo casi fortuito. Fue cuando las escuchas de un preso de narcotráfico habrían revelado -a criterio de los investigadores- una trama espantosa, que ahora tiene una veintena de imputados entre el juez, abogados, traficantes, y policías. Dos testimonios de los abogados arrepentidos Martín Ríos y Matías Aramayo, entre otras pruebas, sustentarían la acusación. Dos muertes agregan morbo al caso. El crimen de Diego Aliaga, un hombre de negocios "blue" y ex despachante de aduana, sindicado como presunto integrante de la banda cuya jefatura se le adjudica a Bento. Y el viernes, el presunto suicidio del joven abogado Germán Zydiak (41). Trabajaba con los abogados arrepentidos Ríos y Aramayo pero en causas civiles y laborales. Creen que se ató una bolsa a la cabeza y la fijó con cintas adhesivas de embalar en el estudio que compartían, en la calle Alpatacal al 1.300 de la Ciudad de Mendoza. Habría sido Aramayo quien lo encontró tirado. El fiscal de homicidios Gustavo Pirrello no habría hallado elementos que permitiesen suponer algo distinto a un suicidio, de hecho el abogado habría dejado una carta en la que no mencionaría ni a Bento ni a los abogados con los que compartía el estudio. Para confirmar o descartar las causas de su muerte, hay que esperar los peritajes de la Policía Científica y del Cuerpo Médico Forense.

Los investigadores de la causa contra Bento habrían detectado 265 mensajes entre el teléfono del juez y un supuesto teléfono de Diego Aliaga. En un descargo de 203 páginas elevado a la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, Bento prometió explicar esos mensajes con Aliaga "que no son tantos", y defenestró la investigación judicial. También acusó a la familia Terranova -propietarios de medios y vía pública, afines al macrismo- y al portal de noticias que regentean, MDZ Online, de montar una campaña en su contra con "información falsa" y "amañada". La política y la justicia siguen el devenir de este caso en silencio, con mucha atención y algo de nervios.

La comisión en la que Bento presentó su descargo investiga la conducta del juez. El kirchnerismo tiene una mayoría simple pero inestable en el Consejo de la Magistratura, pero no cuenta hoy con los nueve votos que necesita para castigar a un juez, por ejemplo, o suspenderlo. Por eso, cualquier decisión disciplinaria sobre Bento debería ser acordada entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo.

Las acciones no son tan simples. Por su posición de juez electoral, Bento habría cultivado por años un enorme entramado de relaciones políticas. Pero la causa judicial lo ha transformado en un contacto "incómodo" para los principales referentes partidarios y funcionarios políticos y judiciales. Al punto que el kirchnerismo, beneficiario de las decisiones electorales del juez en el caso "Colectoras", no ha hecho actos útiles para salvarlo. Pero tampoco para removerlo. El costo político en el primer caso sería pesado. El Consejo de la Magistratura de 2012, con mayoría kirchnerista en aquellos años, ya salvó al juez en dos denuncias.

Hay otro costado político en el caso del juez. El fiscal que promovió y llevó a cabo la investigación penal contra Bento, hasta aquí con apoyo del juez federal Eduardo Puigdéngolas y de un tribunal de alzada, es Dante Vega. Un investigador de inocultable simpatía y paladar kirchnerista. La pregunta que cabe, ante semejante entramado, es por qué ninguna agrupación política simplemente recusó al juez electoral, argumentando que hay una investigación en el Consejo de la Magistratura, ya que Bento debería resolver, desde aquí hasta pasadas las elecciones generales, sobre agrupaciones con representación en el Consejo. Sin embargo nadie movió un dedo. Un dirigente del PJ lo graficó así ante este diario. "En este caso, los políticos actuamos como guapos de escritorio. Los que rechazaban a Bento lo hacían de palabra, pero nadie lo recusó. Nadie se animó. Y eso es porque si una recusación salía mal, luego había que aguantar las decisiones de un juez encabronado... Es como entrar a un partido de fútbol, insultar al árbitro, y que el señor te diga... 'me quedo, y tenés que jugar con mis condiciones'. Era muy arriesgado..." Este diario logró confirmar anoche que hubo negociaciones de alto nivel entre el presidente de la UCR Tadeo García Zalazar y la senadora nacional, presidenta del PJ y candidata Anabel Fernández Sagasti, para presentar una recusación conjunta  del Frente de Todos y de Cambia Mendoza contra el juez Bento. Pero finalmente no hubo avances. En el gobierno, responsabilizan de ello al peronismo. Patricia Fadel, probablemente al tanto de estas conversaciones, señaló que el oficialismo habló recién ahora, y no antes: "Me hubiese gustado escucharlos hablar cuando Bento falló a favor de la precandidatura a senador suplente de Suarez..." dijo en declaraciones recogidas por Sitio Andino. La afirmación de Fadel, ex legisladora nacional y provincial y presidenta de la Junta Electoral, tendría una imprecisión. Aunque es cierto que Bento habilitó la candidatura de Suarez la semana pasada, lo hizo sin resolver la cuestión de fondo. Y los apoderados de Cambia Mendoza apelaron el fallo que presuntamente les favorecía, exigiendo que el juez se pronuncie sobre el planteo central: la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Constitución Provincial, que impide a gobernadores de Mendoza ser candidatos a senador nacional sino hasta un año después de finalizado su mandato. Esta limitación se usaba cuando los senadores nacionales eran votados por la Legislatura. Desde 1994, se eligen por voto directo, por lo que aquel artículo perdió sentido. El apoderado de la lista interna "Juntos por Mendoza" de Cornejo, Cobos y Suarez es Juan Pablo Sebreli. Fue el que presentó la apelación a la Cámara Nacional Electoral. También apeló aquel fallo de Bento el apoderado de "Vamos Mendocinos..." Aldo Vinci, Y se espera que la Cámara Nacional Electoral produzca un fallo este miércoles. Antes, habrá un dictamen del fiscal de esa cámara. Pero no es vinculante.

Más allá de esta compleja trama político-judicial, lo interesante ahora es ver qué pasará con la campaña oficialista, la candidatura de Suarez y la compulsa penal que abrió Bento contra el gobernador, por ser candidato.

Cómo sigue

El juez hizo lugar a un pedido del apoderado de Compromiso Federal, partido satélite del peronismo, para que se investigue si al ser candidato, Suarez violó el artículo 248 del Código Penal, que es muy corto y dice textualmente lo siguiente: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere..." Al decir de importante jurista radical, la presunción contra el gobernador es literalmente un "papazo" inexistente. Porque "Suarez cumple las condiciones de elegibilidad de la Constitución Nacional, que es la que establece quiénes pueden ser senadores de la Nación" dijo a este diario. En clave política, los dirigentes creen que el fallo fue un "mensaje" del juez Bento a Suarez y al radicalismo, buscando mantener de "rehén" la candidatura del gobernador pendiente de nuevas impugnaciones, después de las PASO, que en ese caso sí deberían ser resueltas por el propio juez federal. La teoría oficial es incomprobable y repleta de suspicacias. También se sorprendieron en el peronismo con el fallo, salvo las colectoras. En esa vereda, juran que nadie le ha pedido nada al juez.

Lo cierto es que la compulsa penal contra Suarez existe, y hay un camino a seguir. La resolución de Bento sobre las colectoras fue firmada el domingo 8. Y aunque en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza hasta anoche no la habían recibido, ya se sabe que el caso le caerá a la fiscal más novata de las fiscalías correccionales. Se trata de Julieta Labayru. Y no decidirá en soledad los pasos a seguir. "Tiene que consultar con su jefe y con la fiscalía adjunta..." explicaron en el MPF. La fiscal Labayru deberá decidir si el gobernador cometió o no un delito correccional de hasta dos años de prisión, o si desestima la denuncia. Estaba de guardia el domingo. Tuvo mala suerte.

Finalmente, vienen las consideraciones políticas. Aunque tenían toda la trama de apelaciones armada, en el gobierno decidieron "comerse" el fallo a favor de las colectoras y seguir adelante. "Hay que empezar ya con la campaña... no podemos seguir metidos en un enredo de impugnaciones y apelaciones que para la gente son incomprensibles..." se sinceró uno de los dirigentes.

Más de este tema: Duras críticas de la UCR al fallo del juez Bento a favor de las colectoras

Es difícil detectar referencias de Suarez al caso del juez Bento, más que respecto de la situación institucional que significa un juez federal imputado. "No me gusta y me preocupa" dijo. Los ataques más directos corrieron por cuenta de Alfredo Cornejo, candidato a senador nacional y presidente de la UCR. Sí, el viernes, después de una actividad en Pro Mendoza, Suarez pidió que el juez se expida sobre el fondo del planteo respecto de su postulación. "Yo no voy a hacer algo que no esté de acuerdo con la ley. Pero hay normas que caen en desuso y son reemplazadas por otras" dijo el gobernador. Bento le contestó rechazando todas las impugnaciones del oficialismo y enviando al mandatario a una compulsa penal en la justicia provincial para que lo investiguen. Una jugada que sacudió la campaña electoral, cuando apenas acababa de comenzar.