Alberto Fernández comunicó que la Nación le destinará el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, recurrirá a la Justicia con una cautelar y recurrirá a los jueces.
Coparticipación: el presidente acatará el fallo de la Corte y pagará a CABA
El Gobierno nacional finalmente destinará el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN). Lo anunció el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter y señaló también que pedirá una cautelar ante la Justicia.
Primero, el mandatario indicó que el Estado Nacional fue notificado oficialmente de la medida cautelar otorgada por la CSJN a favor de CABA y a continuación, señaló: "Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional".
"Las políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas", agregó.
Ver: Arranca el nuevo año con elecciones en casi todos los meses
"El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento. Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley".
Recurso de revocatoria
También dijo que ha instruido al Procurador del Tesoro para presentar "un recurso de revocatoria "in extremis" contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta".
Pero además, recusará a los jueces del máximo tribunal porque, "habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".
"Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos", indicó en otra parte de su argumentación.
Pagará con bonos
Fernández manifiestó que reasignará los "únicos recursos disponibles del ejercicio 2022" y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. "Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes".
"Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda".
Proyecto de ley
Finalmente, enviará al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce".
El fallo
Los cuatro miembros del máximo tribunal firmaron el miércoles pasado una medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan "en forma diaria y automática" por el Banco de la Nación Argentina, y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
El origen de la controversia data de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a CABA por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020 se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad. "En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016", recordó el Gobierno en el documento firmado el jueves por Fernández y los gobernadores.
Esta nota habla de:
