Se trata de un proyecto analizado por la comisión de Hacienda de la Legislatura. La intención es que se ajusten los valores de las infracciones sobre una nueva Unidad de Agua (UDA), apuntando especialmente a los empresarios.
El oficialismo mendocino quiere actualizar las multas por el mal uso del agua
Ante la grave situación en materia hídrica que enfrenta la provincia, desde bloque Cambia Mendoza propusieron que se modifiquen los montos de las sanciones establecidas en la Ley General de Aguas, y que además, cree la Unidad de Agua (UDA), que será fijada en $500, la cual se modificará en base a la evolución de los salarios y la inflación.
Consideran que se debe producir una modificación legal en Mendoza, que actualice la significancia económica de los montos a valores acordes a la actual realidad, y a la vez disponer un sistema de actualización eficaz que garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones de protección de la calidad del agua de todos los mendocinos y mendocinas, así como su uso eficiente.
El proyecto llegó al seno de la comisión de Hacienda, por lo que fue invitado uno de los autores de la iniciativa, el senador Marcelo Rubio, y un representante del Departamento General de Irrigación, el Dr. Leonardo Muzzino del Tribunal Administrativo, quienes explicaron los puntos principales del proyecto analizado.
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Rubio explicó que la iniciativa fue elaborada en conjunto con el Departamento General de Irrigación y lleva las firmas de Martín Kerchner (UCR), Rolando Baldasso (PRO), Fernando Alín (Partido Socialista) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur).
Expresó que los valores de las multas quedaron desactualizados con el paso del tiempo y que los montos cobrados a los infractores quedaron en niveles irrisorios, dado que se fijaron en los años 90 a través de distintas regulaciones, y desde entonces el peso argentino fue perdiendo su valor.
"Lo que propusimos con esto es que haya una unidad de referencia, ya que nos parece importante hacer cambios y crear una unidad de identificación para el agua, un recurso tan importante en la Provincia", dijo el legislador.
Por su parte, el Dr. Leonardo Muzzino del Tribunal Administrativo de Irrigación dijo que "esto serviría para que logremos tener nuestra propia unidad para aplicar sanciones, ya que la legislación vigente está muy desactualizada. Creemos que es una gran oportunidad que se modifiquen estos montos".
Además, comentó que dentro de la propuesta, se incorporará el derecho al agua, el caudal ecológico, y otros aspectos que no están contenidos en la legislación vigente, por lo que Mendoza contaría con una norma integrada.
Muzzino expuso que con este proyecto quieren darle peso a la función preventiva y retributiva de las sanciones, con valores que hoy no tienen impacto en relación a la capacidad económica de los infractores.
La presidenta de la comisión de Hacienda, la senadora Ángela Floridia informó que el miércoles próximo se llevará a cabo una reunión conjunta entre la comisión que ella preside con LAC, donde se invitará al Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli.
Alcances del proyecto
Para evitar que los montos vuelvan a quedar desfasados con el paso de los años, la Unidad de Agua (UDA) se ajustará según la aplicación de la fórmula compuesta por dos componentes. En un 50% por la evolución de los salarios, medida por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y en un 50% por la variación de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Este proyecto modifica artículos de distintas legislaciones, como la Ley General de Aguas, la Ley de Transferencia de Bienes Raíces, la Ley de Uso del Agua Pública para Agricultura, y la Ley de Extracción de Aguas Subterráneas, entre otras.
Posibles montos para las multas
-De 10 UDA a 1.000 UDA ($5.000 a $500.000) a todo contrato de agua destinándola a otro uso que aquél para el cual se hizo la concesión, para quien obstruya el curso de un desagüe o el que derive en provecho propio el agua que estaba destinada a otro.
-De 20 UDA a 100 UDA ($10.000 a $50.000) para los funcionarios, empleados o autoridades de riego que toleren la sustracción indebida del agua cuando tuvieren un conocimiento cierto del hecho, sin denunciarlo o sin adoptar las medidas respectivas. Con 300 UDA ($150.000) por cada hectárea cultivada en forma clandestina o ilegítima.
- De 300 UDA a 10.000 UDA ($150.000 a $5.000.000) a quien construya un pozo para extraer aguas subterráneas sin la previa autorización reglamentada.
-De 100 UDA a 1.000.000 UDA ($50.000 a $500.000.000) para casos de violaciones a la Ley 6044 de Reordenamiento institucional, prestación servicios provisión de agua potable, saneamiento y protección calidad.
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